Sanción a municipal que falsificó fechas

Alteró documentos de inspecciones de IMM a ascensores

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La intendenta Ana Olivera resolvió sancionar con tres meses de suspensión sin goce de sueldo a uno de sus funcionarios que, mientras trabajaba en el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME), modificó las fechas de varias inspecciones de ascensores en las que intervino como representante de esa oficina municipal.

Aunque la administración siguió todo el proceso sumarial, que duró varios meses, el funcionario ya había admitido en una investigación "de urgencia" la responsabilidad en los hechos, según surge de la documentación a la cual tuvo acceso El País. No obstante, el empleado municipal presentó un recurso para detener el proceso en su contra, el cual fue desestimado por la comuna.

El SIME solicitó a su vez el traslado de este funcionario, que se desempeña actualmente en la "Unidad 6320": el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento de la comuna.

En la sanción firmada por Olivera esta semana, se señala que el hombre tiene en su legajo "algunos antecedentes que agravan la situación".

Entre otras cosas, fue multado por la Intendencia en el año 2000 por "omisión de solicitar inspecciones". En ese momento trabajaba como técnico instalador sanitario para un emprendimiento privado en la rambla República de Chile.

"COIMA". En días pasados, el SIME fue noticia por otro hecho irregular y de apariencia delictiva. Como diera cuenta El País, la Intendencia viene investigando un ofrecimiento de pago de un "incentivo" para que apruebe un nuevo modelo de ascensores para Montevideo. El negocio abarca la colocación de estos aparatos y su mantenimiento durante varios años.

El ofrecimiento llegó por fax al SIME, para que éste autorice un modelo de ascensores de una de las más importantes empresas del rubro a nivel mundial, con representación en Montevideo.

Frente a este hecho, en el que se adjudican conductas presuntamente ilícitas, la División Asesoría Jurídica de la Intendencia aconsejó la realización de una investigación administrativa a fin de establecer los hechos denunciados y la radicación de la denuncia penal correspondiente.

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