Uruguay estaba preparado para una pandemia, pero no todos podían protegerse: qué reveló un estudio internacional

“Quedate en casa” fue una de las principales recomendaciones durante la pandemia de covid-19. Para una persona en situación de calle, sin embargo, la frase tenía un problema básico: no había casa donde quedarse.

Algo parecido ocurría con otras medidas de protección. Lavarse las manos podía ser difícil si los baños a los que accedía esa persona habían cerrado. Aislarse podía ser imposible si no tenía dónde hacerlo. Y salir de un refugio por la mañana podía significar pasar el resto del día sin un lugar donde resguardarse, comer o higienizarse.

Esa distancia entre las recomendaciones sanitarias y las condiciones reales de vida es uno de los hallazgos de un estudio uruguayo realizado para la Comisión NUS-Lancet PRIME, una iniciativa internacional que busca identificar qué deberían cambiar los países para estar mejor preparados frente a futuras pandemias. Uruguay fue uno de los 20 países que aportaron un estudio de caso.

La investigación encontró una paradoja: Uruguay contaba con importantes capacidades sanitarias e institucionales, pero eso no garantizaba que todas las personas pudieran beneficiarse de ellas. Y la experiencia de quienes estaban en situación de calle permitió ver una falla que puede quedar escondida cuando la preparación se mide solamente con indicadores nacionales.

“Queríamos entender qué significaba estar preparado para una pandemia desde ese lugar. Porque una indicación puede ser razonable desde el punto de vista sanitario y, al mismo tiempo, resultar imposible de cumplir para una persona concreta”, explicó Marcela Schenck, responsable de la investigación en Uruguay.

Archivo El País

El foco en esta población surgió de un proceso de consultas y talleres con expertos que identificaron a este colectivo como el que presentaba una mayor vulnerabilidad sistémica. En 2023, el primer relevamiento de alcance nacional identificó 3.504 personas en situación de calle; casi ocho de cada diez estaban en Montevideo.

La pregunta, entonces, no era solamente si Uruguay tenía hospitales, vacunas, capacidad diagnóstica o asesoramiento científico. Era otra: qué ocurría cuando una persona no podía aportar por su cuenta las condiciones materiales que muchas de las medidas sanitarias daban por supuestas.

Al reconstruir esas experiencias, la investigación encontró que la vulnerabilidad no estaba únicamente en la persona, sino también en el modo en que estaban organizados los servicios. Una persona podía tener un lugar donde dormir, por ejemplo, pero verse obligada a salir del refugio por la mañana y quedar sin un espacio donde permanecer. Durante la pandemia, además, algunos lugares que antes ofrecían baños, comida o resguardo habían cerrado.

“Una decisión sobre el horario de un refugio, sobre las condiciones de alimentación o el cierre de un baño podía determinar la posibilidad real de cuidarse”, señaló Schenck.

La dificultad no terminaba en encontrar un lugar donde dormir. Para muchas de las personas entrevistadas, la pandemia también significó perder las formas de subsistencia que tenían antes de marzo de 2020. Quienes vivían de actividades informales, como cuidar autos o vender en la calle, vieron reducidas sus posibilidades de obtener ingresos cuando cayó la circulación y aumentó el temor al contacto.

Eso generaba una tensión difícil de resolver: se les pedía reducir sus movimientos para protegerse, pero al mismo tiempo necesitaban salir para conseguir comida o dinero. “Pedirles que redujeran sus movimientos sin garantizar alimentación e ingresos dejaba sin resolver las condiciones necesarias para protegerse”, explicó Schenck.

Foto: Estefanía Leal/El País

A las dificultades materiales se sumaban otras menos visibles. En los testimonios aparecieron experiencias de discriminación y de desconfianza. Algunas personas sentían que eran identificadas directamente con el contagio, mientras que parte de la información oficial no se ajustaba a las condiciones concretas en las que vivían.

“La información pierde credibilidad si lo que propone queda fuera de las posibilidades de quien la recibe”, señaló Schenck.

La investigación encontró, además, que las personas en situación de calle no constituían un grupo homogéneo. Había diferencias entre quienes dormían a la intemperie y quienes accedían a refugios, entre quienes estaban vinculados a organizaciones y quienes permanecían más alejados de los servicios, y entre quienes ya estaban en la calle y quienes perdieron durante la pandemia un empleo o una vivienda que habían conseguido.

También pesaban la edad, las enfermedades crónicas, la discapacidad, el género, la identidad de género y el consumo problemático de sustancias. Incluso el vínculo con las instituciones podía modificar la experiencia: algunas personas dijeron haberse vacunado para cumplir requisitos de los refugios, mientras que otras, más alejadas de esos dispositivos, dijeron no haberse vacunado.

Para Schenck, ese punto resulta especialmente relevante porque muestra que no alcanza con que exista un recurso: también importa cómo se llega hasta él y qué relación se construye con quienes deben utilizarlo.

Hay, sin embargo, otra parte de la historia. En medio de los cierres y las dificultades, las redes comunitarias ocuparon espacios que las respuestas formales no siempre lograban cubrir. Vecinos, organizaciones sociales, dispositivos municipales y trabajadores de primera línea sostuvieron alimentación, acompañamiento y atención. Un centro diurno, por ejemplo, no era solamente un lugar donde alguien podía bañarse o resguardarse. También podía ser el sitio donde un trabajador detectaba que una persona estaba enferma, la orientaba hacia una consulta.

“Cuando hablamos de preparación para pandemias solemos pensar en laboratorios, camas, vacunas o equipamiento. Todo eso es indispensable. Pero escuchar estas experiencias obliga a mirar también los servicios que hacen posible vivir y cuidarse cada día”, resumió Schenck.

Esa es, en buena medida, la discusión que propone la Comisión NUS-Lancet PRIME. Su informe internacional, publicado en setiembre de 2026, sostiene que la preparación frente a una pandemia no debería medirse únicamente por la existencia de capacidades técnicas o planes formales, sino también por la posibilidad de convertir esas capacidades en protección efectiva para las personas y comunidades. El trabajo reúne evidencia de 20 países y propone incorporar la participación comunitaria, la confianza y la equidad como parte de la preparación.

El caso uruguayo no parte de la ausencia de capacidades. Por el contrario, la investigación identificó fortalezas como el Sistema Nacional Integrado de Salud, la capacidad científica y diagnóstica, la infraestructura digital, la atención primaria y las redes de solidaridad. El problema aparece en el punto de encuentro entre esas capacidades y las condiciones concretas de vida.

“Pueden coexistir una respuesta técnicamente sólida y personas cuyas necesidades más elementales quedan sin resolver”, dijo Schenck. “Por eso, una evaluación de la preparación tiene que poder detectar ambas cosas al mismo tiempo”.

El aprendizaje que deja el estudio es que prepararse para una próxima pandemia no significa solamente acumular insumos, ampliar camas o diseñar protocolos. También implica saber quiénes podrían quedar afuera de las medidas previstas y contar de antemano con alternativas: lugares donde aislarse, alimentación, higiene, alojamiento, continuidad de tratamientos, ingresos y equipos capaces de acompañar a quienes no tienen una red que los sostenga.

Helena Legido-Quigley, integrante de la Comisión NUS-Lancet PRIME, resume el desafío desde una perspectiva internacional: “No basta con tener un buen plan; hay que asegurar que pueda implementarse para toda la población”.