INVESTIGACIÓN
En las mutualistas a las que los falsos promotores admitieron afiliar personas, sostuvieron a El País que no están involucradas en los casos.
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Un cartel colocado en un local de pagos informaba a los clientes sobre la apertura del “corralito” mutual, al tiempo que anunciaba que se “gratificaría” a quienes se cambiasen de prestador de salud.
El hecho llamó la atención a inspectores del BPS que se encontraban recorriendo las calles, en medio de la apertura del corralito que se dispuso en febrero pasado. La misma no se realizaba desde 2017 cuando se detectaron casos de intermediación lucrativa en los que falsos promotores afiliaban a personas a prestadores de salud a cambio de dinero.
En uno de los casos detectados recientemente, los inspectores llegaron a una mujer que había sido contratada por J.G.S. para afiliar a personas a distintas mutualistas a cambio de $ 1.500 (una parte era para ella y otra para el afiliado).
De acuerdo a lo relatado por las partes al fiscal del caso, las inscripciones iban dirigidas a tres mutualistas en concreto: Casa de Galicia, SMI y Cudam.
El caso no termina allí. Es que las autoridades constataron que J.G.S. junto a A.G.G. eran los “promotores” de la maniobra dado que buscaban a “afiliadores” (así los denomina la propia Fiscalía en la solicitud de formalización) para captar nuevos socios.
A su vez, también se detectó que O.E.P. y L.A.B. reclutaron trabajadores para afiliar “principalmente” a Casa de Galicia tras constatar que habían recibido de J.S. y L.G. “importantes sumas de dinero” entre el 1° de enero y el 31 de marzo.
En uno de los casos, L.A.B. recibió diez giros de dinero por un monto de más de $ 76.000. En otro, a O.E.P. le transfirieron 15 giros de dinero por un monto de $ 73.286.
De acuerdo a las declaraciones de O.E.P., luego de contactarse con J.S. en las inmediaciones del edificio central del BPS, “comenzó a buscar trabajadores para afiliar”, por lo que recibiría $ 2.500 por cada inscripción.
Incluso, contó que J.S. “le recomendó que le diera $ 800 a cada afiliado” y que luego de realizada la afiliación y tras enviar una fotografía de la constancia, recibiría el dinero.
Por otro lado, L.A.B. expresó que “llevaba a trabajadores hasta las mutualistas para que se afiliaran y luego de realizada la operación enviaba las constancias” a J.S. para recibir el dinero. Como en los anteriores casos, se quedaba con parte del efectivo y otra era entregado al afiliado.
Por estas maniobras resultaron condenados mediante proceso abreviado, J.G.S., L.A.B.S., y O.E.P.V., uno de ellos con pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y los dos restantes con pena de libertad vigilada por cinco meses.
En otro hecho, un cuarto hombre de iniciales J.L.R.E. recibió la medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica durante 30 días, “tiempo en que se continuará con la investigación a los efectos de presentar la acusación correspondiente”, señala la comunicación de Fiscalía.
Otro modus operandi.
La afiliación en plena vía pública a cambio de dinero no era el único método de los estafadores para afiliar a personas a mutualistas a cambio de un pago.
El MSP y el BPS también detectaron irregularidades en dos empresas en las que se registraron como dependientes personas que “en realidad no trabajaban para las mismas con el fin de lograr la afiliación mutual”. Luego de ser registrados, el indagado J.L.R. les ofrecía dinero a cambio de afiliarse a determinadas mutualistas como Sociedad Médica Universal o Casa de Galicia. El indagado admitió que entregaba $500 por cada afiliación.
La Justicia no se ha expresado sobre la responsabilidad que podría caberle a cada una de mutualistas a las que los falsos promotores afiliaban a personas. En el MSP se limitaron a expresar a El País que “el caso está en la Justicia” y que no harían comentarios del caso.
Sin vínculos.
En las mutualistas a las que los falsos promotores admitieron afiliar personas, sostuvieron a El País que no están involucradas en los casos. El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, indicó que “acá, si tenían arreglo con alguien o si arreglaban algo con alguien, no me enteré, acá no se pagó”. Añadió que no tuvo ni un solo comentario del caso, “ni situación de nada, ni observación”.
Por su parte, Cudam, SMI y Universal que integran el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectivas, expresaron en un comunicado tras recibir la consulta de El País que las tres “tienen Departamento Comercial conformado por personal dependiente, que está en planilla en situación regular de aportes” y que “todos sus integrantes tienen prohibido realizar intermediación lucrativa”. En otro punto, señalaron que “ninguno de los procesados trabaja ni trabajó para ninguna de las instituciones” y que tampoco tienen vínculos con las empresas.
Por último, las mutualistas expresaron que “ningún integrante del Departamento Comercial de estas instituciones ha sido citado y menos procesado por ninguna afiliación irregular”.
El caso lo tiene la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 3º turno, a cargo de la fiscal Silvia Pérez, tras la denuncia del MSP y del BPS.
Gobierno busca cambiar el sistema
El MSP evalúa un proyecto para evitar el denominado “corralito” mutual, anunció el mes pasado el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado en conferencia de prensa. El jerarca dijo que el gobierno estudia una apertura gradual cada mes, sin que los usuarios tengan que esperar a febrero de cada año para cambiar de prestador de salud. La apertura del corralito mutual en febrero de este año permitió que 82.717 personas se cambiaran de prestador de salud tan solo presentando la cédula de identidad. La cifra representa un aumento con respecto a la registrada en 2017 (54.921 personas). El corralito no se abrió durante dos años tras investigaciones que determinaron que empleados de mutualistas participaron de una trama de corrupción que realizaba afiliaciones “truchas”.