SALUD Y JUSTICIA

Abogados y jueces salen al cruce de los dichos del subsecretario del MSP.

Las declaraciones del subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, en un acto académico en Punta del Este, de que hay abogados que "trafican" con la angustia y el miedo a morir de los pacientes terminales para que inicien los recursos de amparo ante la Justicia, exponiendo al MSP a "gastos injustificados", generaron airadas reacciones del Cole- gio de Abogados del Uruguay (CAU) y del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho.

El Directorio del CAU calificó de "equivocadas e injustificadamente ofensivas" las declaraciones de Quian y recordó, entre otros argumentos, que "los procesos para obtención de medicamentos se tramitan ante jueces imparciales, que adoptan sus decisiones apoyadas en informes de peritos especialistas. En dichos procesos, el Estado también ejerce su defensa y cuenta con todos los medios jurídicos y técnicos a su disposición para fundamentar su posición".

Asimismo, el CAU sostiene que "normalmente en estos procesos de amparo, el derecho en análisis es el derecho supremo a la vida, y los actores son personas integrantes de sectores sociales vulnerables con pocos recursos que no pueden pagarse los medicamentos que reclaman y en muchos de los casos son patrocinados por profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en forma totalmente gratuita".

Por su parte, Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, sostuvo que los dichos de Quian "duelen un poco, pero no me extraña".

En declaraciones a radio Carve, el abogado opinó que "en los últimos años la estrategia del MSP ha sido criticar el acceso a la Justicia de la gente".

Según Ceretta, "el paciente muchas veces tiene falta de información y no es asesorado debidamente", y "eso es lo que queremos compensar desde la facultad".

"Lo que hacemos es intentar que los pobres accedan a los mismos medicamentos que los ricos", agregó.

La ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno, Nilza Salvo, coincidió con Quian en que, con los fallos judiciales, se incrementan los gastos que el Estado destina a la atención sanitaria.

Salvo explicó que los magistrados condenan a los médicos en base a dictámenes de otros profesionales que ejercen la medicina.

Señaló que no existen conflictos entre el MSP y los pacientes por la canasta básica del Formulario Terapéutico Médico (FTM) y advirtió que los problemas se plantean por medicamentos y tratamientos de alto costo. "Eso es lo que llega a los tribunales", dijo. (Ver entrevista aparte)

En otro orden de cosas, operadores judiciales y especialistas médicos coincidieron ayer en la necesidad de aplicar protocolos en los centros asistenciales para disminuir los casos de mala praxis en el país, los que además de provocar muertes e incapacidades, generan costos millonarios para mutualistas y responsabilidades penales y civiles a los profesionales actuantes.

En un evento titulado "Seminario internacional sobre decisiones judiciales, relación médico-paciente y políticas públicas de salud" organizado por el Sanatorio Mautone en Punta del Este, el presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Néstor Campos, señaló que son más frecuentes los errores del sistema de salud que los de los profesionales individuales.

Según Campos, en Uruguay en lugar de poner el acento en buscar el error del sistema se apunta hacia el médico en un afán de encontrar un culpable.

Ello lleva, dijo, a que los médicos se suiciden por depresiones, culpa o vergüenza o se alejen de la profesión.

A juicio de Campos, los errores médicos más frecuentes son: dosis inadecuadas de medicamentos; equivocaciones en las frecuencias de suministro de las mismas; cambiar una ampolla por otra; cambio de paciente o mal etiquetado de un examen; operar en el lado equivo-cado o dejar una compresa en el abdomen del paciente durante la cirugía.

"Entre 20 y 30 pacientes son operados en el lado equivocado en el mundo", dijo el presidente del CMU.

Por su parte, Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, advirtió que, en general, los médicos no asumen su error durante un tratamiento. "No conozco ningún ca-so", advirtió.

Reyes sostuvo que la judicialización de la medicina no puede ser vista como nega-tiva. "Cuando la gente tiene razón, el juez le da la razón y cuando no, no. Decir que la medicina u otra actividad está contra las cuerdas por la Justicia, es un error de enfoque", señaló en alusión a que los magistrados no actúan de oficio o en forma arbitraria.

El cirujano Ricardo Voelker, exdocente del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, consideró que en Uruguay hay un subregistro de los casos de equivocaciones médicas. "En Estados Unidos el error debe registrarse rápidamente", dijo.

En 20 estados de ese país, si el médico declara que había cometido un error durante el tratamiento de un paciente, ello no puede usarse como prueba en un juicio, agregó.

Según Voelker, "acá ocurre lo contrario" y "nadie diagnostica" la situación personal que se encontraba el profesional a la hora de incurrir en el error. Es decir, si tenía o no problemas personales.