LA MARCHA DEL COVID-19

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Son 131 los pacientes con COVID-19 que cursan la enfermedad desde una cama de CTI. Y esto implica, otra vez, un récord. Los intensivistas, que ya hablan de desmadre, alertan que es necesario ir hacia medidas que impliquen la restricción de la movilidad.

Al mismo tiempo, estos médicos señalan que se tiene que llevar adelante una campaña de vacunación más agresiva, para llegar a una gran cantidad de gente que, a pesar de haber estado habilitada, ha decidido no agendarse para recibir su primera dosis de Pfizer o Sinovac.

En el día de ayer el ministro Daniel Salinas se reunió con representantes del Sindicato Médico del Uruguay y de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI). Aunque estas organizaciones no propusieron medidas concretas, sí alertaron que si no se restringe la movilidad la situación va rumbo al colapso.

La SUMI hace cada semana un promedio de la cantidad de pacientes que ocupan camas de CTI. El pico, hasta ahora, está en los siete días que fueron desde el 11 al 17 de enero, con 108 personas; la última semana, que se contabilizó desde el 8 hasta el 14 de marzo, tuvo un promedio menor, 96. Sin embargo, lo que los intensivistas dicen es que, al ir en escalada la cantidad de contagios (llegando este domingo al récord con 1.587; ayer hubo 1.182), es esperable que de acá a dos semanas todo empeore.

Julio Pontet, presidente de SUMI y director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pasteur, lo explica así: “El domingo se alcanzó un récord de casos positivos y lo previsible es que los pacientes lleguen al CTI entre ocho y 10 días después a la detección del contagio. O sea, lo que nos preocupa es lo que va a pasar dentro de dos semanas”.

Salinas se comprometió con los intensivistas a hablar con el presidente para que les dé una respuesta a sus planteos, al tiempo que les adelantó que esperaba que mañana miércoles se anuncie un paquete de medidas.

Luis Núñez, secretario de SUMI, que trabaja en el sanatorio Crami (de Las Piedras) y en La Española, advierte que el gobierno iría por buen camino si acatara las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). “Ahí están planteadas medidas, y es algo hecho por especialistas de todas las disciplinas”, sostiene. Se refiere a un documento de mediados de febrero que establece la necesidad de limitar a 90 minutos el tiempo en bares, no mantener reuniones de más de 10 personas y restringir la movilidad interdepartamental.

En el CTI del hospital público en Rivera no hay una sola cama disponible. Este problema comenzó el sábado y ayer continuaba igual. Los privados también están casi al límite, por eso ASSE medió un acuerdo con el Hospital de Tacuarembó para trasladar pacientes. Según supo El País esta herramienta ya se puso en práctica, pero no aún con pacientes con COVID-19.

Pontet señala que Rivera, Cerro Largo y Artigas son los departamentos que más le preocupan a la SUMI, y que por eso se le sugirió al gobierno tomar medidas sobre todo allí. “Quizá no haya que hacer lo mismo en todo el país, quizá se pueda regionalizar para que el impacto no sea tan grande”, insiste el intensivista.

José Luis González Machado, presidente de la Junta Nacional de Salud, dice que hay capacidad para instalar más de 900 camas en caso de ser necesario (cuando empezó la pandemia eran unas 600), al tiempo que sostiene que cuando se habla de saturación es que se llegó al 85%, “no al 100%”, en tal centro de salud. Y agrega: “No hay desborde”.

Hoy las disponibles son menos de 800, según la SUMI. Al tiempo que los intensivistas discrepan que se puedan llegar a cubrir las 900 plazas.

“La situación está desmadrada. Y una cosa es hablar de camas y otra de camas disponibles. Porque para abrir una cama precisás personal que trabaje en ella”, señala la intensivista Daniela Paciel, vocal de SUMI hasta el año pasado. Y agrega: “Hay todo un plan para que médicos no intensivistas trabajen en los CTI, pero eso no es tan fácil. La demanda de un paciente COVID-19 es como la de un paciente politraumatizado grave”.

En tanto, Arturo Briva, que además de intensivista es parte del GACH, cree que “el techo de camas probablemente sea 750”, y alerta que cada vez se pierde más personal por las cuarentenas. “Caen y afectan a varios centros, es una consecuencia del multiempleo”, advierte.

El plan del gobierno es, en caso de que ya no haya intensivistas a quienes recurrir, ir por los residentes y los médicos que están haciendo la especialidad (esto ya está ocurriendo en algunos lugares), para luego pasar a convocar a otros, como ser cardiólogos. Algunos advierten que esto es peligroso. “Nadie se plantea formar a un cirujano en tres meses, tampoco se puede hacer con un intensivista”, dice Paciel.