CORONAVIRUS

Los pacientes que se atienden en las mutualistas podrán acceder a los test diagnósticos para detectar COVID-19 sin tener que pagar ni un solo peso por órdenes o tickets.

El gobierno comprará más de 25.000 test al sanatorio Americano y a los laboratorios ATGen, Genia, Biofast y Capoano Bevilacqua, para asegurar su stock y evitar así que las instituciones médicas cobren a sus socios. Esta situación venía ocurriendo hasta hace unos días, cuando los prestadores fueron informados del proceso licitatorio.

El Poder Ejecutivo tiene previsto gastar más de $ 345 millones (alrededor de US$ 8 millones), según la resolución publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la que accedió El País. De acuerdo al documento, el gobierno adquirirá 25.000 test diagnósticos (incluyen toma de muestra con hisopo incluido en domicilio) y 12.500 que también incluyen la toma de muestra, con hisopos incluidos pero para realizar en un vehículo en un punto acordado con el paciente.

Estas son solo algunas de las adjudicaciones de las 14 realizadas a laboratorios y al sanatorio Americano.

En el MSP estiman que en principio la cantidad de test que se adquirirán son suficientes para ser distribuidos entre los pacientes con algunos de los síntomas típicos de la enfermedad (fiebre, tos seca, problemas respiratorios, dolor de garganta o pérdida de sensibilidad en gusto y olfato). Sin embargo, la cifra puede ser “ampliable”, explicaron en la secretaría de Estado a El País esta semana.

Entre las mutualistas fue muy bienvenida la noticia, dado que siguen siendo las propias instituciones las que financian hoy los testeos. En el mutualismo aseguran que, como consecuencia de la pandemia, tienen una pérdida económica que se ubica entre un 7% y un 10%. Una de las causas es que se venden muchos menos servicios.

Esta semana el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, dijo a El País que “no está permitido ni autorizado” trasladar los costos de los test a los usuarios de la salud, dado que desde el gobierno ya se aseguró que los mismos serán financiados. Sin embargo, la preocupación de muchas instituciones médicas radica también en conocer quién asumirá los costos de todos los testeos realizados hasta el momento.

Hoy en Montevideo cuatro mutualistas tienen capacidad para realizar los testeos por sí solas (Médica Uruguaya, Asociación Española, Cosem y Casmu). Las demás instituciones compran servicios en alguna de estas o los adquieren en laboratorios privados en plaza. En el caso de los hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), obtienen los tests del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República.

El 1° de abril el presidente Luis Lacalle Pou resolvió incorporar los procedimientos diagnósticos para confirmar el COVID-19 en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS). Esto garantiza que sea el Estado el que financie los procedimientos. En el decreto, al que accedió El País, se establece que “la incorporación del procedimiento regirá por el plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación de la norma”.

El gobierno también planifica una compra estatal para adquirir insumos médicos como equipos de protección, algo reclamado desde los gremios de la salud.

En tanto, las autoridades tuvieron que cambiar hace dos semanas el protocolo que se aplicaba para definir a qué pacientes se les indicaba un test diagnóstico.

El objetivo inicial del propio ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, era realizar entre 800 y 900 estudios diarios. Sin embargo, aún hoy (tras los cambios aplicados en los protocolos) no se ha alcanzado esa cifra. En las mutualistas sostienen que hay capacidad para testear a más de 1.000 personas por día.