Las cantinas tienen la imposibilidad de vender productos con octógonos en los centros educativos a partir de este 2024. El cambio en el modelo de negocio al que están obligados hizo que pidieran a las autoridades una solicitud de “revisión y reducción” de las tarifas de alquiler que deben abonar. Y es que las empresas tienen una “profunda preocupación” por los “efectos perjudiciales” de los cambios que se hicieron en la normativa, que empiezan a regir ahora.

Así lo expresó la Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay -que nuclea unas 405 empresas “dedicadas a la gestión de servicios alimenticios”-, a principios de diciembre en una carta a la directora general de secundaria, Jenifer Cherro. La gremial aún no recibió respuesta.

La carta -que tiene la firma de Alejandra Ferreira, la presidenta de la cámara- dice que han sido “testigos de las consecuencias adversas que esta legislación ha impuesto sobre las actividades comerciales de las cantinas”, y asegura que el impacto fue de “manera desproporcionada, comprometiendo” la viabilidad financiera de las empresas y su “capacidad para contribuir de manera efectiva al bienestar de la comunidad educativa”.

La normativa vinculada a las cantinas tuvo cambios en el último tiempo en la búsqueda de una mejor oferta de alimentos en escuelas y liceos. Primero se prohibió la publicidad de productos con octógonos de exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio en los centros educativos de todo el país. Y ahora, a partir de enero de 2024, ya no se los puede comercializar más.

Las modificaciones se incluyeron en la Rendición de Cuentas que se aprobó en 2022, con aplausos de algunas organizaciones de la sociedad civil y cuestionamientos de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali). ¿Qué se cambió? En pocas palabras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) hace un listado de alimentos nutritivamente adecuados, y en ese año, se estableció que no se pueden comercializar productos que no estén allí incluidos en centros educativos.

¿Qué incluye el listado? Los “alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados; preparaciones elaboradas en el punto de venta que contengan ingredientes recomendados en proporciones adecuadas; y alimentos procesados envasados que cumplan con límites adecuados en cuanto al contenido calórico y de nutrientes”, indica la legislación.

La Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay asegura que la restricción de comercialización llevó a que se afectara de manera directa la capacidad de los “emprendimientos, para ofrecer opciones variadas y adaptadas a las preferencias de los consumidores”.

Pero esto no es lo único negativo que ven. Las cantinas se refirieron al impacto en las finanzas de los comercios. Los cambios -dice la carta- afectan al sector, “comprometiendo la estabilidad económica” de los locales, porque les “significa una mayor inversión en procesos de elaboración, certificaciones, habilitaciones y productos más caros”.

Y señala que, en última instancia, la normativa repercute en la “calidad de los servicios alimentarios” que ellos pueden “ofrecer a la comunidad educativa”.

También ven como un problema que los cambios solo los afecte a ellos, ya que los estudiantes pueden salir y adquirir los productos con octógonos, en comercios que rodean el centro educativo. Así es como lo expresan en la carta, y marcan que el “perjuicio” que reciben “no basta para generar el beneficio pretendido”.

Por lo tanto -y dado el impacto negativo que aseguran que les produjo la restricción-, piden “respetuosamente la revisión y reducción de las tarifas de alquiler” de los “espacios destinados a cantinas en instituciones educativas, a fin de compensar el perjuicio económico ocasionado por las limitaciones impuestas por la referida ley”.