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Entre enero y abril de este año se registraron 362 juicios por medicamentos y tratamientos de alto costo, según datos del Fondo Nacional de Recursos (FNR) a los que tuvo acceso El País. Se trata del registro más alto de estos juicios, en esos cuatro meses, desde 2020. A su vez, en los primeros cuatros meses se registraron 295 condenas en primera instancia contra el FNR y 25 desestimaciones.

En los últimos años, las condenas por amparos en primera instancia contra el FNR y otros fueron en ascenso. Pasaron de 657 en 2020, a 891 el año siguiente y 1.310 en 2022. Al mismo tiempo, las desestimaciones se mantuvieron en cifras similares, en un promedio de 115.

El FNR no es el único organismo donde recaen los amparos. También se suelen iniciar acciones, en general en paralelo, contra el Banco de Previsión Social (BPS) y/o el Ministerio de Salud Pública (MSP). El País informó semanas atrás, con datos del MSP, que en 2022 hubo un récord de amparos: 1.436.

De acuerdo a datos que maneja el FNR, la cifra fue similar: 1.427 juicios el año pasado, superior a los 1.024 de 2021 y a los 784 de 2020. Esto implica que recibió 3.597 demandas en los últimos cuatro años, según datos a los que accedió El País.

El paciente suele ir en primera instancia contra el MSP y el FNR, que son condenados muchas veces a entregar el fármaco. En una segunda etapa, si hay apelación se abren varias opciones, que puede implicar que una parte o ambas deban financiar un medicamento. Hasta abril, hubo 25 desestimaciones al FNR.

En varias ocasiones se confirmó en segunda instancia la primera sentencia. Además, se confirmó la condena solo al FNR o al MSP. En una ocasión, un tribunal de apelaciones fijó una triple condena, incluyendo al BPS.

En lo que va de 2023, el FNR no apeló varios fallos, lo mismo que el MSP en ocasiones. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, dijo a El País semanas atrás que como no está en los cometidos del MSP comprar fármacos, se apuesta a un convenio con el FNR para que este sea el que “dispense los medicamentos cuando es sentenciado el MSP”. Esto les permitiría, además, obtenerlos a un precio más conveniente.

En diálogo con El País, el abogado y docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) Juan Ceretta remarcó que hay una demanda “constante” de fármacos y tratamientos de alto costo sobre todo por la “brecha” que existe entre el avance de la ciencia y la inclusión de nuevos fármacos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Esto a pesar de la intención del MSP de aumentar los registros y sumar más medicinas de alto costo.

Cuando el paciente demanda al Estado -en este caso al MSP- los juzgados competentes son los de lo Contencioso Administrativo. Los amparos se concentraron allí y para 2021 los juzgados estaban “llenos”.

Para “desatascar” la situación, los abogados resolvieron dar un giro: comenzaron a demandar en conjunto al MSP y al FNR en todos los amparos. Ceretta explicó que si bien los juzgados civiles atienden casos cuando el demandado no es una persona estatal, como es el caso del FNR, al “acumular” ambos casos, lo que establece la ley es que se pueda “elegir”. El cambio se tradujo en que las causas pasaron de tratarse de cuatro juzgados a los 22 civiles.

El abogado dijo que en cada caso se analiza la “situación jurídica” del fármaco. Una estrategia se despliega si el medicamento no está registrado en el país. Esto es que el MSP no ha evaluado aún su seguridad y eficacia, y hasta que eso no ocurra no se puede vender. Es una barrera sobre todo para quienes buscan fármacos muy modernos.

Otro escenario se abre para los patrocinadores si se busca un medicamento registrado, que integra el FTM, pero que presenta trabas para el paciente. Es decir, no esta disponible para una patología específica, por lo cual el FNR, que financia los tratamientos de alto costo en Uruguay, resuelve no brindarlo. Para estos casos fue que se ampliaron más los juicios al FNR, explicó el abogado.

Después de un par de años con la estrategia de ir contra el MSP y el FNR en casi todos los casos, los patrocinadores -que suelen cobrar una vez entre US$ 1.000 y US$ 2.000 para alcanzar tratamientos valuados en miles de dólares por mes- cambiarán próximamente la pisada, adelantó Ceretta, quien estimó que podría hacer caer las demandas contra el FNR.

¿El motivo? Detectaron que en unos cuatro juzgados civiles no condenan a favor de obtener medicamentos no registrados en el MSP. No obstante, notaron que los cuatro jueces de los juzgados de lo Contencioso Administrativo si lo hacen. Por eso, apuestan a “discriminar” causas para aumentar las posibilidades de éxito.