¿Quiénes fueron?

LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

La pasada semana nos enteramos de que una auditoría externa realizada por la prestigiosa firma PwC para UTE determinó que la aventura de la regasificadora emprendida durante los gobiernos del Frente Amplio ya supuso para el Estado, es decir para todos los uruguayos, pérdidas por 213 millones de dólares.

Siendo muchísimo dinero, no es todo. A eso habrá que sumarle eventuales condenas judiciales, ya que el emprendimiento derivó en demandas por 37 millones de dólares. Además, será necesario poner otros 8 millones de dólares para desmantelar la estructura de pilotes instalados en el Río de la Plata. Otros 3 millones de dólares anuales cuesta mantener a la empresa Gas Sayago abierta y operando, aunque nadie sepa bien para qué. Y todavía habrá gastos directos de UTE y Ancap que, dice PwC, no figuran en ninguna contabilidad.

Nadie sale a dar la cara. Ninguno de los muchos que anunciaron este faraónico proyecto con bombos y platillos, y se atribuyeron en su momento la paternidad de la criatura, aparece hoy para dar explicaciones. Se gastaron, en una quimera, más del doble de lo que costará vacunar a todos los uruguayos en pandemia. Pero ahora nadie fue. La auditoría de PwC señala que el proyecto de la regasificadora “no era viable desde su inicio”. Tampoco se pudo encontrar un solo plan de negocios aprobado por UTE o Ancap, accionistas de Gas Sayago. Ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico-financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.

En cuanto a la controvertida contratación de la cuestionada brasileña OAS, la auditoría de PwC realiza diversas observaciones al proceso de adjudicación, ya que la empresa nunca acreditó lo que se le requería. ¿Cuánto tuvo que ver entonces el pedido del compañero Lula para que el gobierno del entonces presidente José Mujica le diera el contrato a OAS sin pensárselo dos veces?

A la vez, no se entiende por qué se contrataron consultorías por 10 millones de dólares (sí, leyó bien) y se pagó una cifra idéntica en sueldos entre 2012 y 2019 para mantener abierta una empresa que no tenía propósito alguno. Ni por qué la entonces gerente general, Marta Jara, ganaba un sueldo que estaba un 30% por encima de lo que se pagaba en el mercado. Y mucho menos para qué se pagaron 290 mil dólares en viajes al exterior, maestrías y posgrados de funcionarios, gastos de alimentación por 212 mil dólares, aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, gimnasia laboral, fisioterapia y hasta masajes para los empleados.

Los que hicieron todo esto, ¿son los mismos que hoy gritan que para ellos “lo importante es la gente”? ¿De verdad?

El tema pasará ahora a la órbita penal. Y a la Jutep.

¿Llegaremos a saber los uruguayos, que pagamos esta fiesta con nuestros impuestos, los nombres de todos y cada uno de los responsables, por acción o por omisión, de tamaño despilfarro para que nunca más se les confíe dinero de la ciudadanía?

Tenemos derecho.

elpepepregunton@gmail.com