Quejas de Brasil y Uruguay por la "cédula fronteriza"

F. FERNANDEZ/J. DE LOS SANTOS

Después de 14 meses del acuerdo que permitió la expedición de la "Cédula del ciudadano fronterizo", los habitantes de Rivera y Artigas no dejan de quejarse por la escasa reciprocidad de las contraprestaciones que ofrece el mencionado documento.

En Artigas, casi ningún uruguayo ha accedido al documento que permite el libre trasiego y usufructo de servicios públicos —de salud y educación, entre otros— de ambos lados de la frontera en un radio de 20 kilómetros.

Una de las razones es el precio, que demuestra el interés de los dos países por la ejecución de la medida. Mientras al brasileño la cédula le cuesta 54 pesos uruguayos, al compatriota hacer el trámite en Brasil le resulta caro: unos 600 pesos.

Mientras el documento brasileño se emite en "papel moneda" con códigos de seguridad, que impiden que sea falsificado, en Uruguay, se trata de un documento que puede ser adulterado fácilmente. Además, mientras en Brasil lo expide la Policía Federal, órgano que expide la cédula en aquella nación, del lado uruguayo el documento especial fronterizo lo expide la Dirección Nacional de Migración.

Los artiguenses sufren además otro gesto que se entiende como un desplante. Para el habitante de Quaraí solo es necesario cruzar el puente para adquirir la cédula. Pero para los artiguenses el camino es más largo: 110 kilómetros hasta Santana do Livramento. En Quaraí no hay oficina estatal. El costo del pasaje en ómnibus entre una ciudad y otra es de 300 pesos, un adicional al ya prohibitivo precio.

INSERVIBLE. Abogados, jueces y funcionarios públicos de un lado y otro de la frontera aseguran que el acuerdo firmado por los cancilleres Didier Opertti y Celso Amorim el 14 de abril de 2004 "no deja de ser un conjunto de buenas intenciones".

Las dudas, los vacíos legales y las altas expectativas constituyen el común denominador de este tratado.

Para el Juez Federal brasileño Belmiro Tadeu Krieger, el acuerdo fue demasiado amplio y por lo tanto "se hace necesario bajarlo a tierra".

Según Domingo Cairelo, Director del Hospital de Rivera, en marzo de 2005 la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública no tenía la menor idea de su existencia.

Cairelo preguntó a los letrados del MSP qué tratamiento rige para las embarazadas de origen brasileño. Tampoco están claras las prestaciones en materia de seguridad social.

En el acuerdo diplomático se creó un "Centro de Estudios Jurídicos para la Frontera" que debía arbitrar estas situaciones, pero por el momento ha sido imposible implementarlo.