Propuestas por seguridad pública

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SORIANO | DANIEL ROJAS

La Agrupación de gobierno de Alianza Nacional aprobó ayer cuatro medidas para combatir la delincuencia, rechazó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, y respaldó la creación de hasta seis cargos de coordinadores regionales.

Reunidos en el Centro Turístico de Palmar, Soriano, el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga presentó iniciativas para combatir la delincuencia juvenil y propuso crear el Instituto de Rehabilitación de Menores Infractores, retirándolo de la órbita de INAU.

Paralelamente al cónclave aliancista, cientos de jóvenes participaron de un campamento preparatorio de las elecciones de la juventud, prevista para 2011.

"Urgimos al gobierno por mayor seguridad pública", reclamó Alianza Nacional, en un documento que denuncia el aumento delictivo con "modalidades cada vez más cruentas donde participan menores de edad".

Solicitaron al Parlamento el estudio del proyecto de ley presentado por legisladores nacionalistas previendo modificaciones al actual régimen de responsabilidad penal juvenil, que se resume en cuatro medidas.

Propone modificar el Código de la Niñez y Adolescencia, de modo de penalizar la complicidad y la tentativa en todo tipo de delito, y extender el término de privación de libertad para adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años.

También promueve modificar el artículo 222 del Código que ordena la destrucción de los antecedentes judiciales de menores, cuando éstos cumplen la mayoría de edad.

Se propone crear el Instituto de Rehabilitación de Menores Infractores, como servicio descentralizado y "quitarlo de la competencia del INAU que ha fracasado en esta área, con más de 1.000 fugas en 2009".

El proyecto de ley contempla la creación de un centro con 500 plazas.

"Reclamamos al gobierno que tome cartas en el asunto, porque es un tema grave y urgente, como la situación de las cárceles y el consumo de pasta base", señaló Larrañaga.

El líder de Alianza Nacional reclamó a los sectores del Frente Amplio que impulsan la derogación de tres artículos de la ley de Caducidad, "que no burlen los pronunciamientos populares", por los referéndum de 1989 y 2009 que ratificaron esta norma.

En cuanto a los coordinadores regionales, Larrañaga dijo que estos cargos no lesionan la autonomía de los gobiernos departamentales.