Procesaron por contrabando al comerciante que denunció

Pando | E. Barreneche

Por el delito continuado de contrabando, el Juzgado Penal de Pando procesó ayer al comerciante que denunció a dos asesores del director de Aduanas, Víctor Lissidini de haberle cobrado coimas para permitirle ingresar ilegalmente ropas procedentes de Paraguay y Argentina.

En la madrugada de ayer, el juez pandense Pedro Salazar y la fiscal Nancy Hagopián también decidieron el procesamiento con prisión por el delito de concusión de los dos asesores de Lissidini, quienes eran policías que cumplían funciones en la Aduana integrando un "cuerpo de élite".

Según fuentes aduaneras, este comerciante –que no fue encarcelado– es propietario de puestos en cinco ferias de Montevideo, entre ellas las del Parque Rodó y Villa Biarritz. Además tiene comercios en Pando y puestos en ferias de la Costa de Oro.

Las fuentes mencionaron que el empresario, que fue indagado en la tarde del martes 2 por el juez Salazar y la fiscal Hagopian, es uno de los principales vendedores de ropas de las ferias del sur del país.

Según los testimonios conocidos en la Aduana, contaba con amigos influyentes en esta oficina pública que evitaban los procedimientos en su contra, ya que era informante de la Unidad 218 de esa institución aduanera.

DENUNCIA. Días atrás, funcionarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia realizaron un allanamiento en su casa y le incautaron 10 grandes bolsas de ropas ingresadas ilegalmente al país.

Ese procedimiento policial se inició con una denuncia efectuada en el Ministerio del Interior.

Paralelamente, el caso también fue denunciado en la Dirección de Aduana por la esposa y la hija de este comerciante. En esa repartición pública comenzó una investigación para esclarecer los hechos iniciados, tras un operativo aduanero concretado en enero por los dos asesores procesados R.M. y E.D. y otros integrantes del "Cuerpo de Elite" de la Aduana.

Durante los careos, las denunciantes mencionaron el nombre de R.M., encargado de la Oficina 218 de la Aduana y de E.D., jefe de Operaciones, de la repartición aduanera.

Dos días más tarde, R.M. llevó a la Aduana al comerciante de ropas, quién desmintió los dichos de su esposa. Simultáneamente, la hija también trató de relativizar las acusaciones realizadas días atrás con su madre.

Sin embargo, el caso también era investigado por la Dirección de Inteligencia, quién derivó todos los antecedentes al Juzgado de Pando.

En una resolución emitida el 16 de enero del 2003, Lissidini resolvió incrementar las tareas de prevención, represión de contrabando, tráfico de drogas en todas las Aduanas del país.

Para ello, encomendó a todos los jefes o Encargados de las Aduanas Departamentales a "brindar el máximo apoyo a R.M., encargado de la Oficina 218 y a E.D., jefe de Operaciones, en todos los procedimientos que realicen".

La Asociación de Funcionarios de Aduana dijo que, con anterioridad, había denunciado que el director Lissidini "se ha rodeado de personas que cuentan con antecedentes penales, los cuales cumplen funciones dentro de la Aduana y no como informantes. Realizan tareas que son propias de la función aduanera, utilizando toda la infraestructura de la misma, sin ser funcionarios públicos".