Procesados por maniobras en Junta de Rivera ya son 26

RIVERA | FREDDY FERNANDEZ

Se elevó a 26 el número de personas procesadas por las irregularidades detectadas en la Junta Departamental. Ayer el juez Federico Alvarez procesó a un funcionario de la estación de servicio que le suministraba nafta a los ediles y ex ediles, y surgieron nuevos elementos que conducirían a la citación de otros ediles, ex ediles y funcionarios de la Junta Departamental de Rivera.

El presidente de la Junta, Pablo González (Foro Batllista) quedó en calidad de emplazado, es decir que aunque quedó en libertad deberá volver a declarar y está siendo investigado. De los enjuiciados hasta ahora, únicamente el ex director de UTE, Miguel González (Partido Nacional) recobró la libertad. La investigación adquirirá nuevos bríos después de la feria judicial de julio, oportunidad en la que se conocerá el informe de la perito calígrafo Gabriela March. El peritaje realizado por la funcionaria del Poder Judicial permitió detectar otras irregularidades y sólo resta determinar quiénes son los autores de algunas facturas.

Ayer, el juez remitió al funcionario de la estación de servicio Shell, que suministraba facturas a ediles. El fiscal Rodolfo Souto pidió el procesamiento con prisión, por "un delito continuado de fraude, en calidad de coautor".

El empleado percibía $ 20 a $ 30 por cada factura que entregaba en blanco. También, entregaba boletas por un determinado monto. Luego, los ediles, completaban el documento, en algunos casos, por montos superiores a los $ 1.000.

Según pudo saber El País durante su declaración, el funcionario reveló que llevaba boletas a domicilio, aportando nombres y otros datos que comprometen seriamente a varios curules. Tras la declaración y procesamiento de J.R.A., el juez dispuso el traslado a su despacho del edil Antonio da Rosa Nieves, ya procesado por delito continuado de fraude. Las declaraciones vertidas ayer por da Rosa servirán para orientar las próximas acciones de la justicia en el caso.

SIN PRESUPUESTO. Asimismo, por primera vez en su historia, la Junta Departamental no logró aprobar el presupuesto quinquenal, y hasta enero, regirá el presupuesto anterior. En consecuencia, los ediles podrían volver a cobrar los polémicos gastos de representación, en virtud de que los mismos siguen vigentes.

El mensaje que naufragó contenía importantes aumentos para los funcionarios del deliberativo. También, preveía gastos anuales de $ 2.750.000 en la refacción del edificio; $ 250.000 para la compra de vehículos; $ 200.000 para vestimenta de los funcionarios y $ 160.000 para alimentación.

Ediles de los tres partidos, acusaron al intendente colorado Tabaré Viera de haber "torpedeado" el proyecto, al declarar que no estaba de acuerdo con el contenido del mismo.