LA MARCHA DE LA PANDEMIA 

Casi seis de cada diez uruguayos sostienen que el gobierno debería “implementar medidas que permitan una mayor normalización de las actividades”, o, a lo sumo, mantener las restricciones. A su vez, esa misma proporción aprueba la gestión gubernamental de la pandemia.

A cada hora, durante el último mes, Uruguay reportó 142 nuevos infectados del COVID-19, dos ingresos a las unidades de cuidados intensivos y más de dos muertos a causa de esa enfermedad. Eso ubicó al país en la lista de los con peores indicadores epidemiológicos. ¿Cómo se explica, en este contexto, la alta aprobación al gobierno en materia sanitaria?

Agustín Bonino, director general de Opción Consultores, estudió los datos que surgen de la última encuesta de su consultora, realizada a fines de mayo, y observó una población dividida “entre aperturistas y restrictivistas de la movilidad”.

En diálogo con El País, el consultor dijo que los datos muestran que solo el 36% de los encuestados pide medidas más restrictivas. Ese guarismo asciende al 51% entre los votantes del Frente Amplio, es del 45% entre quienes están desocupados y supone el 33% entre los laboralmente activos. Pero cae al 24% entre aquellos que, en octubre de 2019, habían votado por un partido de la coalición de gobierno.

-¿La postura del Ejecutivo a quién satisface?

-Más allá de la discusión científico-política respecto a qué es lo mejor, la derivación lógica es que si se parte de la premisa de que el gobierno ha tomado el camino del medio, su política logra satisfacer las expectativas de una mayor proporción de la ciudadanía respecto a la postura restrictivista de la movilidad. Es decir, si suponemos que el posicionamiento del gobierno logra satisfacer a quienes creen que las medidas actuales están bien y a los aperturistas -más que la postura de restringir la movilidad impulsada por la oposición- por ahí podemos encontrar una pista respecto a los elevados niveles de aprobación que tiene la gestión sanitaria.

-La misma población que había realizado una cuarentena voluntaria a comienzos de la pandemia, ahora, con récord de muertes y contagios, parece mostrar una postura más laxa respecto a la movilidad. ¿Cómo es posible?

-No hemos investigado los fundamentos, pero posiblemente la gente pueda estar priorizando los beneficios económicos y psicológicos de la movilidad respecto a los costos en contagios y muertes de la pandemia. O quizás no es tan consciente y racional respecto a los riesgos, habiendo naturalizado el crecimiento de los contagios y de las muertes. Otra hipótesis puede ser que la población no visualice apoyos suficientes del gobierno en materia económica que posibiliten una reducción drástica de la movilidad.

En la noche del viernes 17 de abril de 2020, en la misma conferencia en que se anunciaba la constitución de un grupo de científicos asesores, el presidente Luis Lacalle Pou usó por primera vez el término “libertad responsable” en referencia a la actitud de la población frente al COVID-19.

Pasó más de un año -hasta se diluyó el equipo científico- y, sin embargo, el concepto de “libertad responsable” parece haberse instalado. Según los datos de la consultora Opción, el 70% le asigna responsabilidad a las personas por el incumplimiento de los protocolos sanitarios que derivaron en un aumento de contagios y fallecimientos. Apenas el 13% le atribuye la culpa de esto directamente al gobierno por no haber tomado las medidas adecuadas. Y el 15% dice que el deber es compartido.

Desde la reforma constitucional que tuvo lugar hace más de un siglo, la sociedad uruguaya ha tenido una “marcada impronta estadocéntrica”. Sin embargo, dice Bonino, “en materia de gestión de la pandemia la ciudadanía asignó una fuerte carga de responsabilidad a los comportamientos privados de los ciudadanos”. Y esa atribución de los deberes “es una evidencia muy clara para explicar por qué el agravamiento de la situación no se traduce directamente en una caída rotunda de la aprobación de la labor del gobierno en materia sanitaria”.

A más edad, mayor es el porcentaje que le atribuye la responsabilidad de los contagios a la población: supera al 77% entre los que tienen más de 60 años. Y a superior nivel educativo, crece la proporción que le achaca las culpas al gobierno: 29% entre los de estudios universitarios. Pero a juzgar por el sondeo, para cualquiera de las variables prima la postura de asignarle la responsabilidad a la ciudadanía por los resultados actuales.

-¿La vacunación también puede estar incidiendo?

-Sin dudas: la vacunación incide. De hecho, mejora la aprobación de la gestión sanitaria entre quienes se han vacunado; aunque los saldos de aprobación son también positivos entre quienes no se han vacunado ni piensan hacerlo.

-En síntesis, ¿cómo impacta la pandemia sobre la imagen general del gobierno de Lacalle Pou?

-Según análisis estadísticos realizados en relación al voto anterior del encuestado, la evaluación de la gestión de la pandemia impacta -en mayor medida- en los niveles de aprobación general de gobierno, que en la valoración que hace la ciudadanía de otras áreas tradicionalmente claves como la economía y la seguridad. En un contexto de altos niveles de aprobación de la gestión sanitaria, sin dudas la elevada aceptación general del gobierno (55% en la última medición de Opción Consultores) se explican en buena medida por la mirada que tiene la población del manejo de la pandemia.

-¿Cómo queda parada la oposición?

-Es claro que su situación, desde una mirada de corto plazo, es incómoda, en la medida en que el gobierno, como en un juego de ta-te-ti movió primero marcando la casilla del medio, quedando el posicionamiento del Frente Amplio de restringir la movilidad en uno de los extremos en relación con las expectativas ciudadanas. Eso le permite al gobierno satisfacer mejor las expectativas de los aperturistas.