Un 30% de los pedidos de informes que hicieron legisladores no fueron respondidos

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Una de las herramientas con las que cuentan los legisladores para realizar su trabajo es el pedido de informes. Senadores y diputados pueden solicitar a cualquier organismo del Estado que le responda con información para así poder controlar al Poder Ejecutivo o contar con datos para elaborar proyectos de ley.

Sin embargo, sus pedidos no siempre encuentran eco desde las distintas dependencias estatales. Desde que inició esta legislatura en 2020 los senadores y diputados hicieron 2.645 pedidos de informes, de los cuales un 30% hasta ahora no fueron respondidos por ministerios, entes públicos y otras oficinas del Estado.

Desde la cámara alta se realizaron 370 solicitudes mientras que desde Diputados hubo 2.275, de acuerdo a datos disponibles el sitio web del Parlamento.

Ante cada consulta que presentan los legisladores el plazo estipulado para que los organismos den sus respuestas es de 45 días -según quedó establecido en la ley 17.673- y se habilita por una única vez y con su debida fundamentación una prórroga de 30 días más en caso de que lo amerite.

También existen situaciones en las que la información que se busca obtener es sensible o puede ser considerada confidencial. Según explicaron a El País desde varios ministerios estas circunstancias se dan principalmente en las carteras de Defensa y de Interior donde la divulgación de datos sensibles pueden poner en peligro la seguridad nacional.

En ese sentido, indicaron desde Defensa, lo que se hace es notificar al legislador que solicita la información sobre la situación y se lo cita para que vea en forma reservada los datos que pidió, sin dársela de forma física.

Al analizar cuáles fueron los destinos de dichas solicitudes de información, los ministerios abarcan la gran mayoría de los pedidos. Por ejemplo, entre las consultas hechas desde el Senado en primer lugar está el Ministerio del Interior -cartera a la que se le enviaron 65 pedidos y de los cuales respondió el 48%- seguido del Ministerio de Defensa -que recibió 47 solicitudes y fueron atendidas un 47%- y el Ministerio de Salud Pública -con 36 pedidos de los cuales se respondió el 80%- al igual que el Ministerio de Desarrollo -también recibió 36 solicitudes, de las que dio respuesta al 69%.

A nivel de Diputados Salud Pública fue el ministerio al cual le realizaron más consultas con un total de 371 pedidos. De ellos un 82% ya fue respondido por la secretaría de Estado. Luego figura Desarrollo Social, que fue el destinatario para 251 solicitudes hechas por los diputados; de ellas un 64% fueron respondidas.

En tercer lugar aparece el Ministerio de Educación y Cultura con 246 pedidos, entre los cuales se respondió el 77%. Y a continuación el Ministerio del Interior con 194 solicitudes y un nivel de respuesta del 42%.

Otro elemento que advierten desde distintos ministerios que reciben este tipo de solicitudes es que en varios casos el destino no está bien determinado. Eso, según indicaron, es algo que afecta y extiende los tiempos de respuesta y puede llevar a que haya una demora innecesaria.

De hecho, el proceso para que un legislador presente su pedido difiere de la posibilidad que tiene cualquier ciudadano al ampararse en la Ley de Acceso a la Información Pública donde el solicitante entrega de forma personal o virtual la solicitud en la dependencia que debe responder.

En el caso de los pedidos de informes que surgen desde el Parlamento quien solicita remite el pedido a quien ocupe la Presidencia de la cámara -alta, en caso de que el solicitante sea senador, o baja, si es diputado-.

Luego, éste lo debe enviar al ministerio o la oficina estatal correspondiente, dejando además constancia en el Parlamento. A partir de allí desde la secretaría de Estado se verifica si es su propia cartera la que debe responder o de lo contrario lo reenvía.

Esto es algo que resaltan, por ejemplo desde el Ministerio de Salud Pública, donde llegan solicitudes que una vez las reciben deben remitirlas luego a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Ante cada solicitud de información funcionarios de la dependencia a la cual se consulta deben destinar horas para elaborar las respuestas. Esos recursos de tiempo varían según la complejidad de lo que los legisladores piden, en algunos casos pueden implicar pocas horas y en otros dedicar la jornada laboral completa.

Eso, para el presidente de la ASSE, Leonardo Cipirani, se traduce en costos y así lo manifestó ante la comisión de Salud de Diputados en enero cuando compareció.

El jerarca aseguró que desde 2020 al 11 de enero de este año el organismo había recibido 664 pedidos que le llevó al organismo “un promedio de 300 horas de trabajo de los funcionarios”. Eso, según Cipriani, significó unos $ 124 millones, considerando el costo hora de cada trabajador.