PARLAMENTO

La polémica sobre votar el desafuero parlamentarios que ahora está asociada al senador Guido Manini Ríos no es una novedad, sino que es un tema de larga data. Incluso, el ahora presidente Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley al respecto en los años 2011 y 2016, cuando fue diputado y senador respectivamente.

En la explicación de motivos, Lacalle Pou expresaba que "en un Estado Constitucional de Derecho todas las personas son responsables por sus actos, hechos u omisiones".

Las excepciones previstas en la Constitución referentes a los senadores y los diputados en materia de acción penal, "establecen restricciones", redactó el en aquel entonces senador. "Constituyen inmunidades o privilegios a los cuales también se denomina fueros", agregaba.

En el documento, Lacalle Pou indicaba que si bien los fueros fueron creados para proteger el ejercicio de la función legislativa, "en la actualidad este sistema ha demostrado que muchas veces el legislador se ampara en sus fueros para evadir a la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes, desvirtuando por ende este instituto". 

El proyecto proponía entonces sustituir dos artículos: el 93 y el 114 de la Constitución, que están referidos a los fueros de los legisladores.

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Con respecto al artículo 114, el proyecto planteaba sustituir su redacción para que tanto los senadores como los diputados pudieran ser "acusados penalmente por los delitos que fueren pasibles de haber cometido, no pudiendo invocar ningún tipo de fueros o inmunidades sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 93".

"Como consecuencia la Justicia competente no puede siquiera iniciar el proceso penal sin antes tener que solicitar ante el Poder Legislativo el desafuero del legislador, lo que supone, a su vez, que el legislador además de ampararse en sus fueros, se ampare en las mayorías parlamentarias para que aquellos no se levanten. Esto no es concebible en pleno Estado Constitucional de Derecho", expresó Lacalle Pou.

"En el supuesto de que a un senador o representante, la Justicia competente le atribuya la comisión de un delito y decrete el procesamiento con prisión, el mismo quedará automáticamente suspendido en sus funciones debiendo ser sustituido por su respectivo suplente", expresaba el proyecto.

Actualmente, el artículo 114 de la Constitución establece que "ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente".

El siguiente artículo del proyecto establece la modificación del 93 de la Constitución, con el objetivo de establecer que "compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia", entre otros, por la "violación de la Constitución, después de haber conocido sobre ello a petición de parte o de alguno de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa".

Debido a que los cambios propuestos implicaban la modificación de la Constitución, el proyecto debía ser sometido a un plebiscito de ratificación popular.

"En definitiva la esencia de cambio de régimen es permitir el inicio de la investigación penal, facultando a la Justicia a actuar procesalmente en todas las etapas, a tomar declaración penal por la presunción de la comisión de un delito por parte de un legislador, a investigarlo y, eventualmente, procesarlo -con o sin prisión- evitando el actual procedimiento de previo pedido de desafuero", resumió el actual mandatario.