CONSEJO DE APLICACIÓN

Postularon 27 nombres por la Ley de Medios

La semana próxima una comisión encargada de trabajar en el tema (donde están integrados todos los partidos políticos) recibirá a todos los postulantes para escuchar sus argumentos.

El gobierno sostiene que la Ley de Medios determinó la caducidad de la licencia de Claro. Foto: Archivo
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Se postularon 27 candidatos para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en la denominada Ley de Medios.

Este órgano está previsto que actúe como asesor de la Asamblea General del Poder Legislativo y estará integrado por cinco miembros. Cuatro son postulados por el Parlamento y uno por el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

La organización Cainfo postuló al periodista y politólogo Daniel Lemam, la Universidad de la República, al docente Gabriel Kaplún, la organización Voz y Vos y la ONG El Abrojo a Paula Baleato. La Asociación de la Prensa del Uruguay (APU, el sindicato de periodistas) postula a Antonio Rammauro mientras que la Asociación de Productores Audiovisuales propuso a Virginia Martínez ( historiadora y ex directora de Televisión Nacional).

También se presentaron Leandro Ordeix, Pablo Urquizó, Gustavo Morel, Sergio Berrutti, Pablo Arriola (de la productora OZ Media), Alejandro Lourido, Adriana González (ex Televisión nacional e ICAU), Michel Visillac (ex encargado de comunicación de Antel), Alejandro Albarracín, Sergio Miranda, Janina Tiscornia, Marcelo Bauzá, Carina Errico, Natalia Guerra, David Bonilla, Catalina Estathiou, Adriana Rivas, José Mansilla, Isabel Márquez, Luis Curbelo (ex director de noticieros de Televisión Nacional), el periodista Rubén Acevedo, y Pablo Traversoni.

La semana próxima una comisión encargada de trabajar en el tema (donde están integrados todos los partidos políticos) recibirá a todos los postulantes para escuchar sus argumentos.

Este órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo será el encargado de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de la ley de medios.

Según se establece en la norma aprobada en el gobierno pasado, los postulantes deberán “acreditar experiencia, calificación e idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y en la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información”.

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