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Parlamento evalúa formas de regular Inteligencia Artificial, al tiempo que Uruguay se apresta a albergar cumbre mundial

Llegarán al país representantes de importantes empresas tecnológicas como ser Microsoft, Meta y Amazon, y uno de los objetivos es la posibilidad de ir diseñando una “gobernanza anticipatoria”.

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Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.

A afines de setiembre el Parlamento uruguayo será sede de una cumbre mundial que hablará sobre el futuro. Más de 100 parlamentarios de 30 países discutirán sobre la democracia y los desafíos que enfrenta ante la irrupción y constante evolución de una herramienta que ya no tiene vuelta atrás: la inteligencia artificial.

Vendrán también a Montevideo representantes de algunas de las más grandes empresas tecnológicas globales. Estarán por ejemplo Amazon, Meta y Microsoft. Pese a que la inteligencia artificial ya es una realidad, uno de los objetivos de la cumbre será la posibilidad de ir diseñando una “gobernanza anticipatoria” y, eventualmente, llegar a algún tipo de regulación. Mientras tanto, algunas iniciativas legislativas a nivel local intentan comenzar a abordar el asunto.

Sobre la mesa están los dos máximos ejemplos que a nivel mundial han intentado encarar este desafío. La regulación por ley, a la que recurrió la Unión Europea; y la autorregulación de las empresas tecnológicas, que es por lo que ha optado Estados Unidos.

A instancias del gobierno, el proyecto de Rendición de Cuentas incluye un artículo que le da a una agencia oficial, la Agesic, el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial y promover la correspondiente regulación. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentará, en tanto, una alternativa que establece que la base de esa estrategia deberá ser “la dignidad de la persona humana y la forma republicana de gobierno”.

En diálogo con El País, Goñi consideró clave que la eventual regulación determine principios y valores fundamentales para el desarrollo de esta herramienta en respeto a la ética, a los valores democráticos y al Estado de Derecho. Además, subrayó que la futura estrategia deberá ser refrendada por el Parlamento.

De todas formas, Goñi se mostró partidario de que cualquier regulación o gobernanza que se quiera hacer sobre el tema debe ser global, y así lo planteará en la cumbre de setiembre. “No tendrá ningún efecto si se hace solo a nivel nacional”, aseguró. “Estamos ante un tsunami tecnológico”, advirtió.

Desde el Frente Amplio, la senadora Silvia Nane se encuentra trabajando en una “guía” para la elaboración de un futuro proyecto de ley que regule la inteligencia artificial. Allí toma como base la normativa recientemente aprobada en Europa. Al mismo tiempo que reconoce que la inteligencia artificial puede generar un amplio abanico de beneficios económicos y sociales, también subraya los riesgos y los efectos negativos que puede tener para el interés público y los derechos de las personas.

En diálogo con El País, Nane resaltó que hace pocos días el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) realizó una llamado a un concurso para ilustradores, abriendo la puerta a trabajos que utilicen inteligencia artificial. El único requisito era que se avisara previamente que esta herramienta se había utilizado.

La senadora, por otra parte, pone el foco en uno de los desafíos que representa esta herramienta: las garantías sobre la privacidad de los datos personales y de una sociedad libre de que esta tecnología se use para una vigilancia sin control ni supervisión.

En cualquier ámbito que se use, manifestó la parlamentaria opositora, las personas deberán saber que se está utilizando un sistema automatizado, y comprender cómo es que funciona.

Además del respeto a los derechos y a la legislación vigente, la “guía” preparada por la legisladora frenteamplista lista una serie de “prácticas prohibidas” e “inaceptables”.

Por ejemplo, las que pueden tener potencial para manipular a las personas mediante técnicas subliminales, o que aprovechen vulnerabilidades de grupos concretos, como menores o personas con discapacidad.

Entre las recomendaciones también se incluye la prohibición de que cualquier gobierno efectúe “calificaciones sociales” basadas en inteligencia artificial o que la utilice para sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, salvo ante situaciones en las que ocurra algún tipo de circunstancia excepcional.

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