Parlamento debatió por Venezuela: la declaración que no salió, el reclamo por el "nivel" y la mención a Mujica

Los legisladores de la oposición y el oficialismo intentaron sin éxito realizar una moción de consenso; entre tanto, hubo cruces entre legisladores y una larga discusión.

Legisladores del Frente Amplio en la comisión permanente.
Legisladores del Frente Amplio en la comisión permanente.
Foto: Leonardo Mainé.

El Parlamento no logró este miércoles un consenso para una declaración en conjunto por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Pese a los intentos —lo que incluyó llevó a haber una redacción del senador colorado Pedro Bordaberry para acercar posturas—, se votaron dos proyectos, de los cuales el del Frente Amplio obtuvo la mayoría.

La comisión permanente que sesiona durante el verano —integrada por 11 legisladores de ambas cámaras, pero no de los partidos minoritarios Cabildo Abierto, Identidad Soberana y Partido Independiente— debatió durante horas con momentos de alta tensión, con la alusión al expresidente José Mujica “vestido con una campera del ejército venezolano” —palabras del senador blanco Sebastián Da Silva—, y con la expresión de “dolor porque el nivel de discusión” no era el que se planteó en la coordinación —dicho por el diputado frenteamplista Daniel Borbonet.

Después de que todos los legisladores hicieran uso de la palabra, pidieron un cuarto intermedio sobre las 15:00 para tratar de lograr un consenso para una declaración en conjunto. Incluso Bordaberry redactó una pero no logró contentar a todo el Partido Nacional —donde había quienes querían una mayor firmeza contra Maduro, tal como tenía en su primer punto la declaración que más temprano había presentado la oposición (ver aparte)—, por lo que, pese a que sí tenía el respaldo del Frente Amplio, no se puso a consideración.

Esa moción que se redactó en la búsqueda de consenso —explicó la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz— "no refería a algunos aspectos que generan más polémica". En cambio, hacía referencia "a la tradición diplomática y de relaciones internacionales" de Uruguay (ver aparte).

Finalmente, la declaración del oficialismo recibió la mayoría de los votos con seis de los 11 legisladores. Por lo tanto, la comisión permanente rechazó la "intervención militar de Estados Unidos en Venezuela” y reafirmó “la importancia de respetar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas". También se marcó el "carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares". E instó “a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera".

De antemano se sabían las diferencias del Frente Amplio con la propuesta de declaración de la oposición. Poco después de que comenzara la sesión, el diputado Gabriel Otero, ante la consulta de si se podría incluir una condena a Maduro para consensuar, respondió: “Vamos a ir por la condena del acto terrorista del 3 de enero”. Y sumó: “Sobre Maduro, el régimen y la realidad democrática de Venezuela, tenemos mucho escrito como Frente Amplio y muchas declaraciones hechas en total respaldo a la autonomía del pueblo para resolver sus problemas internos. No desconocemos esa situación”.

Pero eso no fue todo. La declaración de la oposición decía: “Los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueron aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo”.

"El hijo de Vázquez".

El senador Da Silva fue uno de los más duros en la sesión del miércoles. Aseguró que el Frente Amplio no tenía la “decencia de pedirle perdón a los uruguayos y al pueblo venezolano”, que el "hijo de Tabaré Vázquez se llenó los bolsillos haciendo negocios”, que “quien hoy quiere dar cátedra de antiimperialismo le dio la llave de la ciudad a uno de los peores malnacidos de la época contemporánea”. Esto último en referencia a la diputada Ana Olivera, presente en la sesión —sin nombrarla—, quien lo hizo en 2013 mientras fue intendenta de Montevideo.

Olivera explicó el martes a Montevideo Portal que “existe una normativa departamental que explicita que a los jefes de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital".

Mientras Da Silva disparaba hacia el Frente Amplio y sus integrantes, Bettiana Díaz —que presidió la sesión— le pidió que se dirigiera a la mesa, a lo que el senador le contestó: “Me dirijo a donde quiera”. Ahí se dio un intercambio tenso en el que la frenteamplista le marcó que había un reglamento a cumplir.

Más temprano —antes de que llegara el turno de Da Silva—, la diputada Olivera indicó que “nada podía justificar” lo que sucedía, y marcó: “No es por facilismo que vamos a tratar los asuntos de los últimos días. (…) Pensemos lo que pensemos respecto a Maduro, nada puede hacer que un gobierno entre en otro país y se arrogue la decisión de secuestrar a alguien, y nosotros lo justifiquemos. Aunque fuera un ciudadano común”.

Del Partido Colorado, el senador Bordaberry señaló que esta es una “situación extrema” a la que el “derecho internacional no le ha encontrado solución”. Hay un “problema” para “someter bajo la Justicia a un narcotraficante líder del Cartel de los Soles, como Maduro, que no quiere compadecer”, añadió.

“Actualización y adecuación de las normas internacionales”

La oposición no logró que su moción tuviera la mayoría de los votos dado que el Frente Amplio goza de mayoría en la comisión permanente. En esta se expresó en el primer punto la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.

Por otra parte, la moción que redactó Bordaberry —que no se llegó a votar— decía que “que la igualdad soberana de los Estados constituye un pilar irrenunciable del orden jurídico internacional”. Así como que la “solución pacífica de las controversias internacionales es el único camino compatible con la estabilidad regional y global”. Y que “la negociación, la mediación, el arbitraje y los mecanismos jurisdiccionales deben ser siempre preferidos frente al uso o la amenaza de la fuerza”.

Su tercer punto indicaba que “el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados sigue siendo una garantía indispensable para la paz y la cooperación”. Además de que las “diferencias políticas o ideológicas jamás pueden justificar acciones que vulneren la soberanía de un país”.

Por último, declaraba que la comisión permanente entendía “necesaria una actualización y adecuación de las normas internacionales, así como de la cooperación multilateral, para asegurar que los principios de soberanía, no intervención, solución pacífica de controversias y defensa de la democracia sigan siendo efectivos en un mundo donde actores estatales y no estatales operan con creciente incidencia”.

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