OSE y consorcio detallan el nuevo acuerdo para potabilizar agua: el “cambio de escala" y la negociación

Redacción El País
El gobierno y el Consorcio Aguas de Montevideo —integrado por Berkes, Ciemsa, Fast Ltda y Saceem— negociaron durante 90 días y reformularon el Proyecto Neptuno, que preveía la construcción de una toma de agua dulce en el Río de la Plata y la instalación de una planta potabilizadora en Arazatí (San José).

Según se anunció en conferencia de prensa, se instalará una nueva planta potabilizadora de agua en la cuenca del río Santa Lucía, cerca de la que ya está instalada en Aguas Corrientes. Además, se instalará una reserva de agua bruta en la cuenca de Solís Chico, y se mejorarán la cuarta y quinta línea de aducción para suministrar agua potable a la zona este de Canelones, a donde hoy se llega con camiones cisterna.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, dijo en diálogo con Desayunos Informales (Teledoce) que el costo de la obra se reducirá en un tercio y que el objetivo también es hacer, por fuera de este proyecto, una planta potabilizadora en Casupá, pero que habrá una nueva licitación para ello.

Según Ferreri, "el objetivo de OSE en este período de gobierno es asegurar el suministro de agua potable en cantidad y calidad" para Montevideo y el área metropolitana, "donde se ubica el 60% de la población", un deseo similar al del anterior gobierno. En lo que varían, explicó, es en la solución que entienden mejor.

"No es una obra u otra", señaló y manifestó que, a entender de esta administración, "se requiere un conjunto de obras que todas ellas aseguren hacia 2045 el suministro de agua potable".

"Para un mismo problema y distintas soluciones, es mejor la solución a la cual arribamos", aseguró.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Para rechazar la iniciativa de Arazatí, manifestó, se tuvo en cuenta que "desde la década de los 70 hasta ahora ninguno de los estudios ponía la toma de agua del Río de la Plata como la óptima en términos de costo-eficiencia". Esto porque, entre otras cosas, "en la zona de Arazatí hay frecuentes eventos de salinidad".

En este sentido, consideró que no valía la pena una obra que requería "US$ 294 millones para la planta, más inversión adicional de entre US$ 7 y 10 millones de expropiaciones para la construcción del pólder y US$ 30 millones de una planta de energía, más costo grande de operación para bombear el agua". "El conjunto de obras iba a estar en US$ 360 o 370 millones", dijo.

"Nosotros mantenemos el objetivo de la obra, que es absolutamente compartible", señaló, pero apuntó que "al realizar la planta en Aguas Corrientes no hay que expropiar porque es terreno de OSE", y tampoco hay que hacer "hacer tantos kilómetros de cañerías".

Según dijo, si a estas obras se le sumara Casupá, se podría "pasar una sequía como la que pasó, o incluso 10% peor, de manera correcta". De todas formas, Casupá es un proceso aparte no adjudicado al consorcio y que deberá pasar por licitación.

Para llegar a estos acuerdos, destacó Ferreri, hubo "muy buena disposición" de las partes.

Alejandro Ruibal, director de Saceem y referente del consorcio que ganó la licitación para Arazatí y que ahora se encargará de este nuevo proyecto, dijo en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que "en exceso ya se ha discutido" sobre el tema y que es necesario ponerse a construir una solución para el suministro de agua potable.

"Entendimos que el proyecto Arazatí —que fue propuesto por el consorcio— era una muy buena opción que diversificaba la fuente. Propusimos una toma, una planta potabilizadora, una cañería, y eventualmente un pólder, una reserva de agua, por los días que hubiera salinidad. El gobierno de ahora, quien define la política pública en este momento, no quiere ese proyecto, quiere hacer las obras en otro lugar", resumió el empresario.

"Se reconoce que hay una carencia de potabilización y se está ubicando en otro lugar, en la zona de Santa Lucía, un terreno con el que ya cuenta OSE, y luego un refuerzo de cañería de aducción, que es lo que va a traer agua sobre todo a la zona este, donde OSE tiene claramente un déficit", agregó.

"Nosotros como empresa no definimos políticas públicas, tenemos un contrato que hicimos valer, y tuvimos 90 días de idas y vuelta con mucha honestidad intelectual pero sabiendo que la decisión no dependía de nosotros", describió Ruibal, que consideró que el consorcio defendió públicamente Arazatí hasta último momento porque invirtió "mucho dinero y tiempo" en el proyecto.

Ruibal señaló que lo que habrá, entonces, será un "cambio de escala del proyecto" y que ahora "hay que sentarse con los bancos que manifestaron voluntad de financiar" las obras.

Sobre Casupá, explicó que "no está dentro del contrato" y que lo que se propone es construir casi la misma planta que iba a hacerse en Arazatí, a orillas del Río de la Plata: "Se hará una licitación y las empresas se presentarán, y nos presentaremos eventualmente".