Ministerios y distintos organismos giran US$ 1 millón por mes a sindicatos por retención de cuota

Irregularidades en la Federación Uruguaya de la Salud —que derivaron en la expulsión del histórico dirigente Jorge Bermúdez— y el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) —que ya tuvo cuatros condenados y continúa la investigación en Fiscalía— volvieron a poner en el centro de atención los fondos que manejan los sindicatos. Una parte de la foto —con pedidos de informes a varios ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados— muestra que hubo retenciones por cuota sindical de los salarios de los trabajadores por $ 41.619.598 en mayo, que son poco más de US$ 1.000.000.

De los ministerios y organismos relevados, desde la ANEP —si se suma Primaria, Secundaria, UTU y Consejo de Formación en Educación— se envió $ 12.908.802 (US$ 309.697 al valor promedio del dólar de ese mes) a los distintos sindicatos en mayo. Fue a través de la retención a 24.022 afiliados, cifra que no incluye a los de UTU debido a que se informó el monto de retención pero no la cantidad de funcionarios sindicalizados.

Los datos pertenecen a respuestas de pedidos de informes que realizó el diputado colorado Gabriel Gurméndez, que hace unos meses presentó un proyecto de ley de transparencia sindical. El objetivo de hacer las solicitudes —explicó el legislador en diálogo con El País— era conocer “la magnitud económica del manejo de la cuota sindical en el sector público”. Se hizo una selección y, dado que algunos no respondieron, se alcanzó a alrededor del 58% del funcionariado público.

También se buscó saber si el envío del dinero era a una cuenta bancaria de persona física o entidad jurídica, y se encontró que hubo “muchos casos” donde era lo primero. Por lo que, a entender de Gurméndez, se “debe avanzar” en la instrumentación de medidas “porque resulta evidente se van a volver a generar episodios como los que se vivieron”.

El diputado recibió respuesta del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura (incluidas unidades como Dirección Nacional de Educación, Archivo General de la Nación, Sodre, Dirección General de Registros, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, entre otros), Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas (siendo parte, por ejemplo la Dirección General de Impositiva y Contaduría General de la Nación), Administración Nacional de Educación Pública, Universidad de la República, Banco de Previsión Social, Banco Central del Uruguay, OSE, Antel, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y Suprema Corte de Justicia.

Desde ASSE se envió a la Federación de Funcionarios de Salud Pública $ 8.156.650 en mayo (US$ 195.688). Un dato importante es que ese monto correspondió a 9.963 trabajadores afiliados. A ese sindicato también se envió dinero desde el Ministerio de Salud Pública, pero en un monto menor: $ 65.567 (US$ $ 1.573) por 74 afiliados.

En el ámbito de la educación, la Universidad de la República recibió $ 5.080.078 (US$ 121.877) de sus 12.809 trabajadores que optaron por ser parte de alguno de los sindicatos. Si se pone la lupa, la mayor cantidad de dinero corresponde a la Agremiación Federal de Funcionarios ($ 1.309.908, US$ 31.426) con 2.756 afiliados, Asociación de Docentes ($ 911.444, US$ 21.867) con 3.957 y Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas ($ 908.488, US$ 21.796) con 2.142.

Ya con un monto menor se posicionó el sindicato del INAU, con un ingreso de $ 3.779.092 (US$ 90.665) a través de 3.126 afiliados. Por otra parte, a Sutel se enviaron $ 3.016.986 (US$ 72.381) desde Antel por los 3.018 trabajadores que eran parte del sindicato en mayo.

Foto: Estefanía Leal.

El legislador, a su vez, consultó a la Suprema Corte de Justicia, la que informó que se envió $ 2.853.381 (US$ 68.456) a los distintos sindicatos por 3.705 funcionarios. Los montos más grandes fueron: Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay $ 1.730.840 (US$ 41.525), y Asociación de Magistrados del Uruguay $ 651.046 (US$ 15.619).

Otro que forma parte de la lista es la Federación de Funcionarios de OSE, a la que el organismo le envió $ 1.283.076 (US$ 30.782) en mayo por 2.142 trabajadores. También está el Banco Central de Uruguay, el que traspasó a los sindicatos $ 830.024 (US$ 19.913) por 273 empleados. El Banco de Previsión Social, en tanto, derivó a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social $ 641.931 (US$ 15.401) por 1.776. Y la Dirección General de Impositiva $ 636.038 (US$ 15.259) por 898 funcionarios.

Gurméndez no recibió respuesta del Ministerio del Interior, ANCAP y UTE. Por otra parte, el Banco República y el Banco de Seguros del Estado se ampararon en la ley de protección de datos personales pero, a entender del legislador, no aplica, por lo que van a insistir en el Parlamento.