Redacción El País
Al cierre de esta edición Marea Frenteamplista aún continuaba con su deliberación sobre el retorno de Gustavo Olmos a su banca en Diputados.
La definición se debatía en base a lo decidido por el Plenario Nacional del Frente Amplio, que hizo suyo el dictamen del Tribunal de Conducta Política, que dijo no haber encontrado pruebas para llegar a una “conclusión fehaciente” de que el legislador incurrió en acoso sexual y laboral contra su suplente Martina Casás.
Durante la reunión, pudo saber El País, se emitieron duras acusaciones hacia otros integrantes del Frente Amplio. En particular a la presidenta de la Comisión de Género, Patricia González, a la que señalaron por exigirles la entrega inmediata de la “cabeza de Olmos” horas antes de haber trascendido, en noviembre, la denuncia. También, por haber obviado los canales formales previstos por el Frente Amplio para procesar la denuncia.
En el encuentro también se cuestionó el reciente “raid mediático muy organizado” de Casás y sus abogados, que llegaron a dar “12 entrevistas en un solo día”. Para el sector, se enfrenta una “campaña” que buscó la “condena social” a Olmos e “instalar un relato”, junto a una “campaña de linchamiento” por parte del entorno de la diputada suplente, al que se acusó incluso de utilizar al oficialismo para sus fines.
“Esto es un ajuste de cuentas contra Marea, que termina afectando a todo el Frente Amplio”, expresó un dirigente.