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Malestar en el gobierno por reclamos judiciales que obligan a entregar viviendas

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Poder Judicial hizo lugar a tres acciones de amparo presentadas por familias del asentamiento Nuevo Comienzo contra el Estado. Foto: Estefanía Leal
Fachada del Palacio de los Tribunales, sede del Poder Judicial ubicada en el antiguo edificio de la ONDA en Pasaje de los Derechos Humanos 1309, barrio Centro, ciudad de Montevideo, ND 20210505, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

RECURSOS CONTRA EL ESTADO

La ministra Irene Moreira aseguró que no tiene una "bolsa para repartir" casas y adelantó que hay 11 nuevas acciones de amparo.

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La Justicia determinó en tres oportunidades que el Poder Ejecutivo debía otorgar -en plazo de horas- viviendas a familias que iban a ser desalojadas de sus casas. Según el gobierno, ahora ingresaron 11 nuevos recursos de amparo y existe preocupación por los fallos, ya que no hay un monto presupuestal asignado para este fin.

En los primeros días de abril, la Justicia hizo lugar al recurso que presentó una familia que había ocupado un terreno privado en el asentamiento Nuevo Comienzo y obligó al ministerio a otorgar una vivienda en 24 horas. Otro fallo del mismo mes le dio 72 horas al gobierno para brindar “una solución habitacional” a una pareja con dos hijos. La otra sentencia similar data del 26 de marzo.

Este tipo de resoluciones judiciales inquieta a las autoridades, según admitió la ministra Irene Moreira en su comparecencia a la Comisión de Vivienda, el 5 de mayo. Moreira fue citada por el diputado colorado Walter Cervini por el aumento de los asentamientos.

“Acá lo que realmente nos preocupa desde el lado del ministerio es el tema de los antecedentes que dejamos. Quiero que quede claro que no es problema de no querer dar esa vivienda. ¡Ojalá pudiéramos solucionar no solo a estas familias con estos niños, sino a las 200.000 personas que se encuentran hoy en esta situación!”, señaló Moreira, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

En ese marco, explicó como respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra que para adquirir una vivienda por las vías correspondientes hay que seguir todo un trámite, que implica un estudio y seguimiento de las familias, que con este tipo de fallos se saltea.

“El antecedente que estamos dejando para el futuro es muy difícil”, planteó la ministra en relación a que no existe un stock de viviendas sobre el que se pueda echar mano para cumplir las sentencias.

Irene Moreira. Foto: Leonardo Mainé
Irene Moreira. Foto: Leonardo Mainé

En ese sentido, prosiguió: “¿Cuál es el presupuesto designado? Bueno, realmente no sabemos, porque no sabemos cuántas acciones de amparo de este tipo vamos a tener. Hoy fueron tres, pero tenemos entendido que hay 11 que están entrando”. Además, planteó que las personas que “están cumpliendo y esperando en forma normal y obediente” por su casa se pueden ver desestimuladas por estos fallos.

“Pueden decir, aunque sea una forma mala, me voy por este otro camino si es que voy a tener una solución de vivienda más pronto”, aseguró la ministra. A su vez, reconoció que se está “en una nube”, ya que es muy difícil poder calcular un presupuesto.

“El ministerio no tiene un stock de viviendas; no tengo una bolsa donde yo puedo el día de mañana repartir como quien reparte barajas. Además, estaría muy mal de parte nuestra que habiendo 60.000 0 70.000 de déficit habitacional y el número de asentamientos que hay, tuviéramos una bolsa de stock de vivienda y no las estuviéramos dando”, subrayó Moreira.

Algo similar opinó el subsecretario Tabaré Hackenbruch, quien planteó sus reparos a que la forma de acceso a una vivienda sea la judicial. “La razón que se esgrime en esa acción de amparo son los derechos de los niños frente a un desalojo. En un futuro todos los desalojos que tengan niños podrán realizar lo mismo. Por eso es muy difícil predecir una norma presupuestal para eso. Es muy difícil”, insistió.

Pero fue más allá, al considerar que es “malo” hasta para el funcionamiento de los poderes del Estado que la Justicia sea la que dictamine quiénes tendrán derecho a una vivienda. En sintonía con su esposo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que la semana pasada se refirió al tema en la media hora previa, Moreira dijo: “Creemos que no es la metodología correcta una acción judicial, para acceder a la vivienda, fundamentalmente utilizando convenios internacionales”.

Fundamento jurídico para los amparos

Las acciones de amparo contra el Ministerio de Vivienda fueron promovidas por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dirigida por el abogado Juan Ceretta. Se presentaron tres recursos (ganados) en materia de familia y uno en civil, que fue rechazado.

Los reclamos toman como base el artículo 45 de la Constitución, el cual “establece que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda decorosa”.

Hay 175.000 personas viviendo en asentamientos
Asentamiento en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

El diputado colorado Walter Cervino citó a las autoridades de Vivienda al Parlamento para que brindaran datos sobre el crecimiento de los asentamientos en todo el país y en particular en Canelones, donde sostuvo que “la situación se ha agravado”.

La ministra Irene Moreira aseguró en su comparecencia a comisión que “los asentamientos han crecido en un número importante a nivel nacional”. Concretamente, en Canelones, sobre todo en la zona metropolitana, el aumento fue del 92%.

De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades, correspondientes a abril de 2021, a nivel nacional hay 619 asentamientos compuestos por 66.000 viviendas, donde residen 175.000 personas. Específicamente a nivel de Canelones, los datos arrojan que hay 121 asentamientos, 9.400 viviendas y casi 34.000 canarios en esa situación. El principal crecimiento se detectó en el corredor de la Ruta 5, en alrededores la Ruta 8 (Barros Blancos y Pando) y en la zona de Neptunia, Pinamar y Marindia.

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