ACTIVIDAD LEGISLATIVA

La llamada “Ley de Medios”, una de las normas jurídicas más polémicas del gobierno de José Mujica, será reemplazada. En la mañana de hoy ingresará al Parlamento un proyecto sustitutivo proveniente del Ejecutivo.

Se esperaba su entrada para el día de ayer pero fue necesario realizar algunos ajustes de forma, según explicó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

La ley 19.307, aún vigente, obliga a los medios de comunicación electrónicos bajo licencia a cumplir una serie de requisitos que la gremial empresarial del sector, Andebu, ha rechazado e iniciado acciones legales de distinto tipo.

El proyecto formaba parte del borrador original de la Ley de Urgente Consideración, pero fue retirado. Eran cinco artículos cuyo texto eran inconstitucionales, según diversas opiniones especializadas, entre ellas la de la Suprema Corte de Justicia que declaró que varios artículos incumplían con preceptos básicos de la Carta Magna.

Ahora el texto se tratará de manera independiente por lo que rigen los plazos habituales de los proyectos de ley.

La norma del gobierno de Mujica generó una serie de consejos de asesoría compuestos por representantes de agrupaciones de la sociedad civil. Tenían como finalidad fijar posición sobre los adjudicatarios de ondas. Estaban incluidos el sindicato de la prensa, la asociación de radios comunitarias, entre otros. Serán eliminados.

Todo el poder sobre la adjudicación de las frecuencias pasará a manos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y del Ministerio de Industria, Energía y Minería en el caso de las telecomunicaciones.

Por otro lado, se extiende la vigencia de los permisos de operación de frecuencias. Ahora serán de 15 años y con un sistema de adjudicación similar al que existía antes de la norma que se sustituye.

Se mantiene el articulado referente a la creación del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten) en el que se incluye el canal 5 y las radios públicas. Es un organismo que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y será encabezado por el periodista Gerardo Sotelo.

El subsecretario de Industria y Energía, Walter Verri, dijo a El País que los cambios en la norma tienen como objetivo dar “más libertad” y “cumplir con el precepto constitucional que establece la libertad de comunicación”.

El jerarca apuntó que se está “desregulando la Ley de Medios que era ultradireccional con un sesgo de protección de supremacía del Estado sobre los prestatarios de los servicios”.

En esa línea, el subsecretario destacó que los artículos inconstitucionales “afectaban los derechos a la libertad de comercio y propiedad”. También mencionó que se desregulan los controles sobre los contenidos “que iban hasta el detalle más mínimo”.

Verri aclaró que se mantiene una regulación “basada en la necesaria convivencia que se debe tener en sociedad”. “No hay una injerencia sobre los contenidos, hay sugerencias sin establecer controles estrictos”, aseveró el jerarca.

Uno de los asuntos centrales del proyecto es la habilitación para que todas las compañías telefónicas y cableoperadores puedan comercializar datos. De esta manera, Antel pierde el monopolio que venía ostentando desde que comenzó el negocio en Uruguay en la década de 1990 y que la ley había consagrado.

Las empresas de televisión por abonados que operan por vía aérea satelital no podrán vender datos.

Por otro lado, se mantiene la obligación de ceder las imágenes para las empresas propietarias de los derechos de televisación del fútbol o el básquetbol cuando las selecciones nacionales lleguen a instancias de definiciones internacionales.

Se deroga la obligación de entregar minutos gratuitos a los partidos políticos durante la campaña electoral. No obstante, se conservará la obligación de ceder espacios para las campañas de bien público.