Lema pide la "suspensión preventiva de las licitaciones" y todo proceso iniciado sobre las obras de Casupá

El proyecto del gobierno de Yamandú Orsi para reforzar el abastecimiento de agua dulce al área metropolitana, consistente en la construcción de una represa en Casupá —además de otras intervenciones, como la instalación de una segunda planta potabilizadora en Aguas Corrientes— sigue su curso y de hecho en los últimos días se anunció el acuerdo entre OSE y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por el cual el banco de desarrollo brindará para esta primera obra un préstamo de hasta US$ 130 millones, con un plazo de amortización de 18 años y un período de gracia de 66 meses. Sin embargo, desde la oposición, disconformes con la cancelación del proyecto Neptuno —por el que el gobierno de Luis Lacalle Pou preveía construir una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata— insisten ahora que se suspenda todo el proceso, hasta que estén prontos los informes ambientales.

"Respecto al avance de licitaciones, expropiaciones y demás procedimientos en el marco del Proyecto Casupá —escribió el senador Martín Lema—, entendemos que resulta técnicamente improcedente e institucionalmente riesgoso continuarlos sin contar con los estudios de impacto ambiental para determinar con claridad" las consecuencias en el entorno geográfico.

En este sentido, el legislador blanco —en un escrito que fue enviado al Ministerio de Ambiente, que lidera Edgardo Ortuño—, entiende que no están debidamente establecidos los "impactos ambientales directos e indirectos de las intervenciones proyectadas; las afectaciones sobre ecosistemas, cursos de agua, biodiversidad y población; las medidas de mitigación necesarias para minimizar dichos impactos con su respectivo estudio de viabilidad técnica y económica; y los costos asociados a la implementación, monitoreo y mantenimiento de las acciones de mitigación y compensación ambiental".

El texto de Lema, al que accedió El País, dice también que lo que "preocupa especialmente" es que "se avance en etapas administrativas y presupuestales sin disponer previamente de elementos técnicos certeros que permitan evaluar la conveniencia, sostenibilidad, costo real de los proyectos y un plan de contingencia para la mitigación de los daños y perjuicios causados".

Estos riesgos fueron también formulados por vecinos de las zonas, inquietos por las eventuales consecuencias reseñadas, y se han generado instancias de diálogo entre los grupos afectados y el titular de Ambiente.

Lema recurrió por último al artículo 47 de la Constitución, en donde se establece que la cartera de Ortuño es la encargada de "velar por la protección y conservación de la diversidad biológica y también (...) actuar como contralor sobre las acciones de particulares y del propio Estado", por lo que, para el senador blanco, resulta "incompatible promover obras sin contar previamente con la información técnica y científica necesaria para evaluar sus impactos y riesgos".

Como conclusión, el senador blanco pidió "la suspensión preventiva de las licitaciones y demás procedimientos asociados a estos proyectos hidrológicos hasta tanto concluyan los estudios de impacto ambiental correspondientes y se publiquen sus resultados de manera transparente y accesible para garantizar una gestión ambiental responsable".