La Comisión de Constitución y Legislación del Senado comenzó a analizar esta semana el proyecto de leyque plantea que las condenas a prisión puedan ser cumplidas a domicilio en determinados en casos, entre ellos por las personas mayores de 70 años de edad.

Se trata de una iniciativa presentada por el Partido Nacional, que se basa en otra promovida a comienzos de esta legislatura por Cabildo Abierto, Y que es cuestionada fuertemente -entonces y ahora- por el Frente Amplio, bajo el señalamiento de que está específicamente destinada a beneficiar a las personas que están presas en la Cárcel de Domingo Arena por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

Una afirmación ante la cual el senador cabildante Guillermo Domenech dijo sentirse obligado a realizar "algunas reflexiones". El legislador utilizó su audición de este viernes en Radio Oriental para referirse al tema. "Debemos decir que en lo personal tenemos muy fundadas dudas sobre la legalidad de los procedimientos a los fueron sometidas estas personas", expresó.

Domenech había comenzado con sus reflexiones sobre este tema el pasado martes, ante sus colegas de la comisión. Allí sostuvo que, en relación a los delitos considerados de lesa humanidad, deben primar los institutos clásicos del derecho penal: presunción de inocencia, no retroactividad y prescripción. Principios que, dijo, son violentados al pretender aplicar de manera retroactiva la ley que en 2006 creó la figura de este tipo de crímenes.

El legislador trazó un paralelismo con los que participaron en su momento en acciones guerrilleras. "Nuestra sociedad, que ha perdonado crímenes horrorosos, a personas que en algunos casos cumplieron la pena que la justicia les indicó, debería tener actos de magnanimidad y reconocimiento", dijo. El senador se preguntó si la sociedad no ha perdonado a los asesinos de personas con el peón rural Pascasio Báez.

Domenech, que dijo desconocer en detalle las causas judiciales de los presos de Domingo Arena, sostuvo sin embargo que en su momento "fueron enviados" a combatir a los guerrilleros. Sin embargo, remarcó, ahora se los está sancionando. "Tengo muchas dudas de esa justicia", aseguró. "Más que justicia, es venganza".

El senador aclaró su repudio a cualquier tipo de violencia ilegítima en función de ideas políticas. De la misma forma que condena el asesinato de Pascasio Báez, dijo, lo hace con los crímenes de Vladímir Roslik o de María Claudia García de Gelman.

El objetivo del proyecto, señaló, es que Uruguay pueda cumplir con los compromisos internacionales suscritos para que estas y otras personas puedan cumplir sus penas en condiciones acordes a lo que prescribe su edad. "Cabildo Abierto no ha tenido la intención de abrir viejas heridas", aseguró. "Siempre ha pretendido que esas heridas cicatricen y que la sociedad pueda proyectarse a un futuro mejor". "No soy partidario del buenismo, pero tampoco del punitivismo", aclaró. "En todas las cosas hay que actuar con un criterio de justicia y equilibrio".

Pero además, Domenech apuntó contra el sistema de justicia y sostuvo que desde 2017 y "con toda intencionalidad" se buscó "desplazar el eje" a través del nuevo Código del Proceso Penal hacia la Fiscalía General de la Nación, que varias veces "ha dado muestras de una visión cerrada" y que a su juicio "ha fracasado" al cumplir sus objetivos.

Algunos de sus compañeros también se refirieron -y provocaron polémica- en los últimos días en relación a hechos del pasado reciente. Fue el caso del senador Raúl Lozano, que aprovechó la sesión de la cámara efectuada el 19 de abril para reclamar la aparición de la Bandera de los 33 Orientales.

Esa bandera fue sustraída en una acción guerrillera el 16 de julio de 1969 del Museo Nacional, en lo que fue la casa de Juan Antonio Lavalleja. La responsabilidad se la adjudicó la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33), el brazo armado de la Federación Anarquista del Uruguay. Lozano dijo que tal vez fue "secuestrada" ya que "no sabemos si algún día la van a devolver o no". Algunas versiones señalan que esa bandera fue destruida por error durante un allanamiento al grupo guerrillero.

"Hasta el día de hoy no la hemos podido ver", lamentó Lozano, que efectuó un fuerte reclamo. "Tiene que aparecer. Queremos saber la verdad, queremos saber qué pasó con esa bandera, que es patrimonio nacional".

Un día antes y del otro lado del Palacio Legislativo, el diputado cabildante Carlos Herrera provocaba el rechazo de la oposición política al intervenir en un homenaje la diputada frenteamplista Verónica Mato efectuó a las "Muchachas de Abril". La legisladora recordó a Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, muertas el 21 de abril de 1974 luego de un operativo de las Fuerzas Conjuntas, en el barrio Brazo Oriental.

Herrera rebatió la versión de Mato de que estas jóvenes fueron asesinadas y sostuvo que el pasado reciente tiene mucho de "relato", con "medias verdades" que fueron manipuladas, con la intención de presentar una visión "hemipléjica" de los hechos. "Estas señoras eran cómplices del movimiento guerrillero que actuaba en esa época", dijo el diputado, en referencia al MLN-T. Integraban un grupo armado que "atentó contra la sociedad y sembró el terror y el caos", con el único objetivo de "dañar a la democracia e instalar un régimen totalitario", sostuvo.

Herrera sostuvo que cualquier muerte es lamentable. Incluso la de los "enemigos de la patria". Sin embargo, rechazó transformar a estar jóvenes en "heroínas" y convertir en "villanos" a los que "defendieron" a las instituciones. El diputado defendió así la versión de que las "Muchachas de Abril" fueron las abrieron fuego cuando los militares llegaron al lugar donde estaban. Incluso, dijo, con granadas.

El cabildante rechazó, medio siglo después de estos hechos, que se pretenda transmitir "viejos rencores" a las nuevas generaciones.