ESTE MARTES 

El presidente Luis Lacalle Pou le solicitó la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, de acuerdo a lo que informó este martes la periodista Patricia Madrid y confirmó El País. El hasta ahora número uno de la telefónica estatal presentó su renuncia. 

Esto ocurre luego de que se divulgara este martes una decisión del directorio de Antel del pasado 7 de mayo por la cual se presupuestaba a 857 personasque estaban contratadas en régimen de función pública en la empresa por una antigüedad mayor a tres años.

La resolución de Antel tenía como fecha de vigencia el pasado 1° de mayo y sería revocada por decisión del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que habían dicho a El País fuentes del gobierno más temprano. 

Guillermo Iglesias: En Antel "estamos abiertos a ser sinérgicos, a lograr acuerdos con quien sea"By Pia Mesa

MIRA TAMBIÉN

Guillermo Iglesias: En Antel "estamos abiertos a ser sinérgicos, a lograr acuerdos con quien sea"

La resolución firmada por Lacalle Pou a la que accedió El País observa por “inconveniente” la resolución de Antel que aprobaba la presupuestación de estos trabajadores, al tiempo que indica que se “exhorte” al directorio de la telefónica a “dejar sin efecto” esta resolución observada.

En dicha resolución se sostiene que "al Poder Ejecutivo le corresponde la conducción superior de la política económica, financiera y comercial" y que "la desentralización funcional o por servicios se encuentra confirmada por dos sistemas orgánicos" (uno primario y otro secundario) y que "el Poder Ejecutivo es el primario, por tanto en una situación de preeminencia institucional en la que debe ejercer  potestades de control sobre el secundario". 

Además, añade que "la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público, compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público". 

Por otro lado, recuerda el decreto del 11 de marzo pasado que exhortó a las empresas públicas -entre otros- adoptar medidas para lograr el objetivo de disminuir el rojo de las cuentas públicas. 

En tanto, señala que el artículo 197 de la Constitución "confiere al Poder Ejecutivo cuando considere inconveniente la gestión o los actos de los directorios de los servicios descentralizados la potestad (poder-deber) de hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observador".