El martes 17 la Asamblea General del Poder Legislativo le rendirá un homenaje a Danilo Astori. Para ese mismo día está pautada una sesión de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que recibirá a trabajadores de distintos sectores de la actividad que están en conflicto. Serán las últimas actividades formales del Parlamento en lo que resta de esta legislatura. Un período de tiempo en que el gobierno entrante recién empieza a vislumbrar sus prioridades , y el que se va evita, en lo posible, innovar.

"No hay nada especial confirmado ni ningún proyecto para aprobarse", señalaron a El País desde la oficina de la vicepresidenta Beatriz Argimón, en pleno proceso de transición con Carolina Cosse, la futura presidenta de la Asamblea General. Al tratarse de un año electoral, el período parlamentario fue más corto: finalizó el 15 de setiembre, lo que significó tres meses menos de sesiones que en un año normal. Y cientos de proyectos de ley llegaron a esa fecha sin sanción. Si bien está en funciones, la Comisión Permanente no tiene potestades para aprobarlos. La única salida sería que alguna de las dos cámaras levante el receso ante alguna urgencia, una posibilidad que en medio de un cambio de gobierno aparece como más que improbable.

Por lo pronto, varias iniciativas centrales del actual oficialismo —algunas de ellas generadoras en su momento de intensos debates internos— quedarán irremediablemente por el camino. O sea, irán automáticamente al archivo y, en todo caso, deberán ser presentadas nuevamente a partir del 15 de febrero, comenzando así un nuevo proceso parlamentario. Pero muchas ellas ni siquiera volverán a ver la luz, ya que la nueva mayoría que se configuró a partir de las pasadas elecciones no tiene interés en reflotarlos.

Uno de esos casos es el proyecto relativo al otorgamiento de prisión domiciliaria para para los presos mayores a 65 años de edad. Presentado a inicios de 2020 por Cabildo Abierto, los liderados por Guido Manini Ríos fueron acusados de querer beneficiar por esta vía a los exmilitares y expolicías procesados o condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

Un larga discusión interna derivó en una generalizada modificación del texto, principalmente a instancias del Partido Nacional. Entre otros aspectos, se dejó fuera del alcance de la eventual ley a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes sexuales o homicidios con agravantes. El proyecto fue aprobado en diciembre del año pasado en el Senado, pero nunca pudo superar la discusión en la Cámara de Diputados. Cabildo Abierto intentó sin éxito introducir a último momento un aditivo para que el beneficio de la prisión domiciliaria fuera obligatoria en los casos de mayores de 70 años.

Otro de las iniciativas significativas que irá al archivo será la que planteaba una serie de modificaciones a la ley sobre Violencia Basada en Género, enviada recientemente por el Poder Ejecutivo.

En la lista figuran otros proyectos con "media sanción", como el que establece normas de protección para las trabajadores sexuales, o el que envió el gobierno para regular el trabajo desarrollado a través de plataformas digitales. También el proyecto que pretendía regular la tenencia de armas de fuego, o el que planteaba mayores penas para los hombres que omitieran pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

Por el camino también quedarán iniciativas como la del senador Luis Alberto Heber para deportar a los extranjeros que cometan delitos.

La Cámara de Diputados finalizó oficialmente su actuación este martes, con un homenaje a Ope Pasquet y Iván Posada, que se retiran de la actividad parlamentaria. Allí uno de los proyectos que finalizan la legislatura sin aprobación será el que presentó el oficialismo en setiembre para regular los ingresos a la función pública en los gobiernos departamentales.

En el limbo quedarán otros proyectos, enviados este mismo mes por el Poder Ejecutivo, y que causaron sorpresa entre los legisladores del oficalismo. Por ejemplo, el que entró al Parlamento el pasado 10 de diciembre y que propone una serie de modificaciones tributarias con el objetivo de "facilitar el acceso" al mercado de valores de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la creación de una clase especial de fondos de inversión. El mismo proyecto propone algunas modificaciones a la vigente ley de Inversiones, a los efectos de "promover la utilización del instrumento".

El actual gobierno, además, envió recientemente sendos proyectos para crear regímenes especiales de subsidio por desempleo o extender los ya previstos para trabajadores de ciertos sectores en crisis. Es el caso de los trabajadores de la industria citrícola afectados a la cosecha o el packing hasta el inicio de la zafra 2025, a los obreros de la Lanera Piedra Alta, y a los trabajadores de una fábrica de durmientes en Florida.

En cuanto a la nueva administración, la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, ya se instaló a fines de noviembre en el Palacio Legislativo. Para su trabajo se le proporcionó la Sala de Ministros, ubicada muy cerca del plenario del Senado, que ella denominó como "sala de transición".

En el Frente Amplio (FA), las prioridades legislativas para el próximo período serán definidas por la Agrupación Parlamentaria, en base al plan que diseñe el gobierno electo antes de su asunción, el 1 de marzo. A los efectos, la bancada del FA —que contará con mayoría absoluta en la cámara alta pero que deberá negociar eventualmente para eso en Diputados el voto de dos legisladores de la oposición— prepara un análisis de los proyectos que, en base a esas prioridades, habrá que reingresar y los que habrá que presentar o modificar.

El pasado 11 de diciembre ingresó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado un proyecto del Poder Ejecutivo para el otorgamiento de una pensión graciable al exfutbolista Antonio Alzamendi.

Las pensiones graciables suelen ser otorgadas por el Parlamento a instancias del Ministerio de Educación y Cultura, que es el que recepciona las solicitudes. Según esa cartera, Alzamendi cumple con lo dispuesto con la ley para acceder a ese beneficio. Además de haber prestado "grandes servicios a la República" al haberse destacado en actividades científicas, deportivas, artísticas o culturales, se pide otorgarle la pensión "en virtud de carecer de recursos propios suficientes".

La solicitud fue acompañada de informes presentados por Peñarol, Fénix, la Organización del Fútbol del Interior, la Liga de Fútbol de Durazno y la Organización Nacional de Fútbol Infantil, entre otros.

Alzamendi presentó el pedido en julio de 2023. De aprobarse, recibirá mensualmente 4 Bases de Prestación Contributiva (BPC), que equivalen hoy a unos $ 24.700.

Como en las anteriores situaciones, si esto no se aprueba antes del 15 de diciembre, el proyecto deberá presentarse nuevamente en la siguiente legislatura.