La Intendencia de Montevideo prioriza igualdad de género en su Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas que debate el Parlamento es la que concentra mayor atención. Sin embargo, ante la última oportunidad de incrementar el gasto en este período de gobierno, los 19 intendentes también esperan que los ediles de su departamento les den el visto bueno para ajustar las clavijas de su presupuesto, que estará vigente hasta el final del mandato en 2025.

Bajo la conducción de Carolina Cosse, eventual precandidata presidencial por el Frente Amplio, la Intendencia de Montevideo presentó a la Junta Departamental de Montevideo su propuesta para 2024 y 2025. En este período habrá un aumento del gasto que rondará los $ 700 millones en comparación a 2023, tomando como referencia los valores de diciembre del año pasado.

“La idea es que las expansiones se hagan en base a las nuevas prioridades políticas para este tramo. Hay algunas cuestiones vinculada a Desarrollo Ambiental, Cultura, Desarrollo Social, Económico y el Plan Veredas, que empiezan a tener financiación en esta nueva etapa. Ahí está concentrado el crecimiento presupuestal. Los otros programas que ya tenían financiación -buena parte de los del Plan ABC- continúan financiándose, pero ya están en el planillado”, contó a El País el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino.

Los números indican que el gobierno departamental tuvo un ligero superávit de $ 82 millones en 2022, redundando en un mejor resultado fiscal que en los dos anteriores años. En este contexto, el articulado explicita que la IMM continuará “apostando a la implementación de políticas públicas con fuerte contenido social”.

Uno de los ejes es la disminución de la desigualdad de género promoviendo “la autonomía económica de las mujeres”, de acuerdo a la exposición de motivos. Por ejemplo, el Artículo 12 facultaría a la comuna a conceder incentivos fiscales a empresas que generen nuevos puestos de trabajo orientados a mujeres mayores de 45 años y, también, a personas trans, con discapacidad o afrodescendientes.

Cada tres meses, las compañías que tengan esta política de contratación podrán cobrar el 10% mensual del salario nominal de los nuevos empleados. Este monto será acreditado directamente en las cuentas de contribución inmobiliaria, adicional mercantil, tasa general, bromatológica o tarifa de saneamiento.

Asimismo, entre otras disposiciones, la Rendición de Cuentas prevé bonificar en ciertos casos el pago por la tasa de expedición de las licencias de conducir profesionales y amateur para mujeres de contextos socioeconómicos vulnerables.

Para la libreta regular, la exoneración será del 100% si los ingresos nominales de la solicitante son menores a 7,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) -unos $ 42.450, de acuerdo a los valores de julio- o cuando “sea beneficiaria de alguno de los programas de la IMM de inclusión social y promoción de la autonomía económica”.

En el caso de la licencia profesional se mantendrá la misma exoneración, incluyendo el costo del examen médico realizado por la IMM. Sin embar- go, también se concederá una bonificación de 50% -hasta el 31 de diciembre de 2025- a las mujeres que tengan ingresos mensuales superiores a 7,5 BPC.

La bonificación será concedida, sin exigencias, a las personas trans que modifiquen sus datos de acuerdo a la Ley 19.684.

Zunino señaló que la atención de las inequidades de género ha sido constante en esta administración y no necesariamente una inquietud de la última Rendición de Cuentas. “Creo que ha ido cambiando a dónde apuntás en términos de igualdad. Cuando recién empezamos, sobre todo en la pandemia, estaban muy latentes los temas vinculados a violencia (de género). Hubo un foco muy grande en el apoyo a combatirla. Hoy hay una apuesta más a la salida, a la autonomía económica de la mujer”, valoró.

El debate en la Junta de Montevideo comenzará el lunes 24 de julio.