Redacción El País
Los diputados de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzaron este domingo un proceso que se ven obligados a repetir sistemáticamente todos los años y en el que procurarán atender, en lo posible, todos los requerimientos que han recibido hasta ahora en la Rendición de Cuentas. Y lo harán con una premisa también invariable: “muchos pedidos y pocos recursos”.
Con un escenario muy restrictivo y con la certeza de que el único incremento de gasto que habrá serán los US$ 20 millones que irán al nuevo Plan de Salud Mental, la única alternativa será la resignación de fondos. Así, los legisladores oficialistas comenzaron a “peinar” el mensaje presupuestal para detectar cuáles son los incisos que podrían resignar dinero para atender las prioridades.
El escenario de restricción se profundiza si se toma en cuenta que para el año que viene el Estado deberá resignar US$ 20 millones de recaudación, producto de la rebaja implementada en el IASS.
“En este panorama tendremos que movernos”, le dijo a El País el diputado Iván Posada (Partido Independiente), que apuntó una limitante más: sin perjuicio de la potestad del Poder Legislativo para reasignar recursos, será el Ministerio de Economía que marcará la pautas y dirá qué márgenes está dispuesto a conceder y cuánto dinero se podrá reasignar. Eso se definirá en una reunión que se llevará a cabo en el correr de esta semana.
El foco está puesto una vez más en la educación. Allí la coalición tiene un desafío, desde el momento en que el pedido presupuestal del sector guarda abismales diferencias con lo que plantea el Poder Ejecutivo en el proyecto original. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que no aparece mencionada en el texto gubernamental, solicitó $ 2.500 millones incrementales. Lo mismo sucede con la Universidad de la República, que pidió $ 4.000 millones extras. La reunión de este domingo, por lo pronto, sirvió para que cada partido fuera informando sobre las expectativas que tiene en esta Rendición de Cuentas. Posada marcó su aspiración de que el mensaje presupuestal incorpore su propuesta de creación de un Fondo de Primera Infancia, para lo cual ya obtuvo el aval de presidente Luis Lacalle Pou.
En el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez planteó por su parte su inquietud por cumplir un pedido de la Suprema Corte de Justicia de crear otro tribunal de apelaciones en Familia, además de una solicitud de reestructurar los escalafones del Poder Judicial, que costaría unos $ 7 millones.
Para tomar una definición, Economía pretende recibir el “costeo” de todas las modificaciones que se propongan. Los diputados de la coalición de gobierno volverán a reunirse, en tanto, este fin de semana.
Aumento de penas
Los diputados de la coalición tienen avanzado un acuerdo para desglosar 15 artículos de la Rendición de Cuentas que plantean un incremento en las penas por determinados delitos. Serán enviados a la Comisión de Constitución y Códigos para su posterior discusión y análisis por separado.
Lo que resta por definir es si accede a un pedido especial efectuado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en cuanto a conservar y aprobar el que incrementa la pena mínima para los casos de homicidio simple de dos a cuatro años de prisión.
El ministro del Interior pidió también que se apruebe el artículo que incrementa las penas en los casos en que un asesinato es seguido del vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración de la víctima, una reciente modalidad en los crímenes por narcotráfico.