Redacción El País
Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) realizaron varios reclamos el lunes en el Parlamento. Entre los más importantes estuvo que —según indicó el vicepresidente Alfredo Asti— para 2025 ya superan el dinero que se les otorgó para 2026. Sucede que pidieron $ 16 millones en el marco del Presupuesto pero, no solo no los consiguieron, sino que se les quitó casi $ 2 millones, lo que “hace imposible el funcionamiento durante” el próximo año.
Este no fue el único reclamo. Para la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, que el “organismo encargado de velar por la ética pública, que tiene un rol protagónico y decisivo en materia de combate a la corrupción, a esta altura del partido esté funcionando con el personal que tiene, ¡es inconcebible!”. A lo que sumó: “En este momento, son 12 funcionarios, nada más, con toda esa tarea”.
Hay un plan para cambiar esa realidad: Ferraris indicó que hay “10 vacantes que no fueron llenadas” y que se prevé una “reestructura” que les va a “facilitar” cubrir los puestos. Al día de hoy, la Jutep no tiene contador: “No contamos con ese perfil en la oficina”, enfatizó.
También alertó por un “déficit en el tratamiento de las denuncias, básicamente por la escasez de personal”. “Tenemos activas unas 360 denuncias que se solventan con el trabajo de tres funcionarios nada más. Y si a eso le sumamos un sistema informático para el ingreso y tratamiento de las denuncias, que está bastante obsoleto, el escenario es complejo”, afirmó.
En una línea similar, indicó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que están “gestionando unas 16.000 declaraciones juradas solamente con tres funcionarias”. El organismo tiene el deber —continuó Ferraris— de “abrir y de analizar el 5% anual de aquellas declaraciones juradas que están en la bóveda”. Pero “ese mandato legal nunca se ha cumplido, entre otras razones, porque no hay equipo técnico capaz de llevar adelante esa tarea”.
Una de las metas que tienen es la “creación del observatorio de la corrupción en Uruguay”. Para la presidenta del organismo es una “política sumamente relevante porque la Jutep, en las condiciones actuales, no está en condiciones —valga la redundancia— de proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y, sobre todo, acciones preventivas porque no tiene información basada en evidencia, bien procesada, no tiene esa capacidad”.
Por otra parte, uno de los cambios que se introducen en el Presupuesto es que todas las declaraciones juradas sean a través de medios digitales. Asti explicó que hoy, “por obligación legal, pasados 10 años” las tienen que “destruir”. Pero tienen “acumuladas 20.000" de las que, “por falta de personal”, no se han podido deshacer.
Por último, se fundamentó uno de los artículos incluido en el presupuesto que dice así: "Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto".
Ferraris explicó que se pidió porque les llegan “muchos pedidos de acceso a la información sobre denuncias” en las que están “trabajando”, entonces, les “parece importante incluir una disposición de este tipo que permita mantener la reserva hasta que se dicta el acto administrativo que la concluye cuando entonces sí, todas las actuaciones deberían ser públicas”.
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