Redacción El País
Los senadores que conforman la Comisión Investigadora que vieneindagando las denuncias sobre irregularidades en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior en los dos últimos períodos del Frente Amplio le pedirán una entrevista al fiscal general de la Nación, Juan Gómez. La razón oficial: conocer el "estado de la causa" que el ministerio público tiene abierta e incorporar nueva documentación en torno a eventuales ilícitos detectados en el Hospital Policial, cuyo principal involucrado es el legislador frenteamplista Charles Carrera.

Los legisladores aprovecharán en realidad para transmitirle a Gómez su inquietud sobre la dura queja que este lunes se expresó en la comisión por parte del Ministerio del Interior ante la total "falta de avance" que sobre el tema han tenido las denuncias presentadas por la cartera.

En doce meses la causa no ha tenido el menor movimiento según el ministerio, que presentó un informe en el que detalla una actualización del tema, que refiere principalmente a la atención que, en forma irregular, Carrera ordenó desde su cargo de director general de Secretaría en beneficio de Víctor Hernández, un civil que a fines de 2012 había quedado parapléjico al ser alcanzado por una bala perdida en La Paloma.

El 13 de julio del año pasado, Interior presentó una primera denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo en ese momento de Ricardo Lackner. En agosto y en diciembre de ese año, y luego en febrero y en mayo de este año se presentaron sucesivas ampliaciones. También en paralelo se presentó otra denuncia, esta vez en la sede de 3° Turno.

Un informe presentado a los legisladores por parte de de la directora del Departamento Contencioso Central del ministerio, Sylvia Carbajal Jarque, da cuenta del estado de las actuaciones. "Habiendo concurrido personalmente en reiteradas ocasiones a la sede fiscal a consultar sobre las denuncias y sus respectivas ampliaciones, no surgen novedades al respecto", subrayó. La jerarca se preocupó en destacar que se han efectuado consultas por vía electrónica y se han solicitado reuniones con la fiscal a cargo, "sin haber tenido respuesta al momento".

Según transmitió a los legisladores el subsecretario Guillermo Maciel, en la práctica el único movimiento que ha tenido la causa ha sido una solicitud de Lackner, en que su momento pidió la reglamentación vigente para la atención en el Hospital Policial. Fuera de eso, más nada. En la entrevista que pedirán, los senadores pretenden que también esté presente Silvia Porteiro, la fiscal que desde noviembre del año pasado suplantó a Lackner como encargada de la causa.

El informe presentado este lunes ante la comisión investigadora que indaga el tema en el Senado, al que accedió El País, señala que la investigación administrativa dispuesta por el ministerio sigue en trámite. Allí se repasa, sin embargo, las conclusiones a las que la cartera dice haber ya arribado.

Así, se señala que en enero de este año el Departamento de Asesoría Jurídica concluyó que la cobertura e internación que Hernández recibió en el Hospital Policial "no cumplía con las leyes y reglamentos previstos al respecto". Además, se señala que este civil accedió en su momento a los derechos asistenciales mediante una "autorización especial de usuarios" provista por orden de Carrera. La investigación señala además que el hermano de Hernández, Daniel, permaneció en todo momento como acompañante, también utilizando desde la cama contigua los servicios del hospital.

Esto fue, se recuerda, desde enero de 2013 hasta marzo de 2016. De ese mes y hasta noviembre de ese año, Hernández ocupó una plaza y recibió servicios sin contar siquiera con esa autorización especial. Según la investigación su alta médica fue firmada el 4 de enero de 2017, cuando ya hacía diez días que no estaba en el hospital. "De la historia clínica no surgían elementos agudos de gravedad que requirieran su internación". Por lo tanto, el alta se firmó como un acto médico más.

El documento entregado al Parlamento detalla las prestaciones brindadas a Hernández y registradas en el Departamento de Atención Hospitalaria surge dos intervenciones oftalmológicas, 22 interconsultas de distintas especialidades, dos estudios extrahospitalarios, urodinamia y potenciales evocados".

Respecto a los costos la investigación señala que, en 1.252 días de internación y considerando días/cama, hotelería, medicación, radiografía simple, asistencia médica y enfermería, la suma asciende a $ 5.079.000. Si a eso se le suman estudios extrahospitalarios, interconsultas médicas, férulas antiequinos, almohadón neumático y transporte, todo suma $ 9.474.000. Al cambio actual, equivalen a unos US$ 248.000.

El informe, que logró que los senadores se sacaran unas "cuantas dudas" en cuanto al eventual perjuicio total que tuvieron las arcas del Estado en este tema, detalla parte el pago de "tickets de alimentación" por $ 20 mil mensuales que Hernández recibió, desde enero de 2013 y por los siguientes 47 meses, lo que totalizó $ 940.000., equivalentes hoy a casi US$ 25.000. El Ministerio entiende que es Carrera el que deberá responder - asi accionó al respecto - con su patrimonio y "resarcir" al Hospital Policial por los servicios que ordenó prestar.

"Surge acreditado en autos que que se produjo un perjuicio al patrimonio de la institución" subraya el informe, que recuerda que a Carrera, como director general del ministerio, le competía la administración y el gerenciamiento de de todos los recursos humanos, materiales y financieros de la cartera.

La investigación del ministerio hizo referencia también a la atención eventualmente irregular que recibió su mujer, Andrea Epifanio, mientras estuvo en pareja con el actual senador. La mujer, según se señala,comenzó a ser atendida en el Policial en 2010 como "oficial subayudante", sin ostentar ese cargo al ser civil. Al respecto, el informe del Ministerio del Interior en poder la comisión indica los costos de la atención que recibió y que nunca pagó.

Allí se destacan consultas en emergencia por $ 2.572 e internación e intervención hospitalaria por $ 195.000. Otros $ 68 mil fueron por cirugía, banco de prótesis y estudios extrahospitalario, además de $ 114.000 por cirugía. El resumen incluye $ 8 mil por estudios de laboratorio, $ 2.500 por medicación y $ 65.000 por asistencia a domicilio. Todo, afirmó el ministerio, sumó $ 507.000. Al cambio actual, US$ 13.000.

En este caso, la actuación derivó al Departamento Contencioso del Área Jurídico Notarial del ministerio. Fue, al igual que el caso de anterior, a los efectos de cobrar los "rubros adeudados". Lo mismo con la diputada Susana Pereyra, que según documentos en poder de la comisión fue atendida en el Policial más de 20 veces entre 2010 y 2017, también como "oficial subayudante".

A nivel parlamentario y culminada este lunes la etapa de audiencias, la comisión procedió a "noticiar" a los involucrados que pudieron haber cometido eventuales irregularidades en el proceso a que, en un plazo de 20 días, respondan a las acusaciones ante la investigadora. Podrán hacerlo a través de un abogado. Si así lo disponen, podrán acceder a toda la documentación en poder de la comisión y, finalmente, presentar sus descargos por escrito.

Además de Carrera y Pereyra, allí aparecen dos exdirectores del Hospital Policial: Luis Heus y Leonardo Anzalone. También todos los tesoreros del ministerio entre Una vez cumplida esa etapa, los senadores elaborarán el informe correspondiente que será analizado en sala. La comisión solo es integrada por senadores el oficialismo.