Interior está en proceso de arrendar nuevas tobilleras y busca fortalecer "medidas alternativas" a la cárcel

Redacción El País
"Fortalecer las medidas alternativas". Esta frase ha sido repetida por jerarcas del Ministerio del Interior en los meses que llevan de administración, así como durante la campaña electoral. Recientemente, el presidente Yamandú Orsi firmó una resolución que aprueba el arrendamiento de 2.600 dispositivos electrónicos de localización, de los cuales 2.000 tienen como objetivo las salidas transitorias de reclusos y la libertad vigilada.

El documento que tiene como fecha el 11 de setiembre, consiste en la inversión de US$ 10.229.792 en el arrendamiento mensual de los dispositivos electrónicos a la empresa Surely S.A. Se abonará una décima parte en 2025, mientras que se terminará de pagar en el transcurso de los dos años posteriores.

Unos 600 de estos localizadores serán destinados a casos de violencia doméstica y de género, mientras que los restantes tendrán como objetivo el monitoreo de reclusos con salidas transitorias o libertad vigilada. Esto, según pudo saber El País, estaría vinculado a una intención de fomentar las medidas alternativas a la prisión y buscar detener el crecimiento exponencial de la población carcelaria.

El alquiler de estos localizadores será de a grupos —según las características propias de cada dispositivo—, que tendrán distintos plazos de arrendamiento dependiendo de su destino.

Habrá 200 equipos destinados a violencia doméstica durante 22 meses. Otros 200 equipos se volcarán a violencia doméstica durante 19 meses. Otros 200 equipos destinados a violencia doméstica durante 13,5 meses. Unos 1.000 equipos para libertad asistida y salidas transitorias de reclusos por 10 meses. Y los restantes 1.000 equipos para libertad asistida y salidas transitorias de reclusos por un estimado de 24 meses.

Además del trámite en curso para el arrendamiento de estos dispositivos, el Ministerio del Interior cuenta con 2.130 servicios activos de los 2.300 disponibles para casos de violencia doméstica y de género, según datos a los que accedió El País. Además, la cantidad de dispositivos empleados para casos de libertad vigilada y prisiones domiciliarias está en torno a los 1.000.

El País consultó al Ministerio del Interior sobre esta nueva compra y su vinculación con detener el crecimiento del sistema carcelario, pero no recibió ninguna respuesta oficial.

El titular de la cartera, Carlos Negro, habló con el medio M24 este jueves y planteó la interrogante de si las tobilleras electrónicas "están siendo suficientes o hay que pensar en un complemento". "Nosotros pensamos en un complemento", expresó el jerarca y contó que se está avanzando en un convenio con Antel para entregar celulares a personas denunciantes a las que no se le coloque tobillera, para que así tengan una vía de comunicación y respuesta "más rápida" por parte de la Policía.

Estos tendrán un botón de pánico, la posibilidad de una llamada rápida al 911 y un servicio de mensajería 24 horas. El ministro aseguró que el plan está "avanzado" pero todavía no se ha puesto en marcha.

Es que, según explicó Negro, hay "zonas grises" en las que las personas denunciadas no tienen tobillera, "pero eso no quiere decir que esa persona no vaya a cometer un desastre". En este contexto hizo referencia a los dos niños asesinados por su padre recientemente en Soriano, caso en el que a pesar de existir una denuncia por violencia, la Justicia no dispuso la colocación de tobillera.

El arrendamiento de dispositivos de localización no pasó desapercibido dentro del apartado del Ministerio del Interior en la Ley de Presupuesto. Uno de los artículos (el 112) plantea la asignación de una partida anual de $ 50.000.000 a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

El siguiente artículo continúa por la misma línea, solicitando que se otorguen $ 55.000.000 anuales para la Dirección Nacional de Políticas de Género. Este dinero sería utilizado para arrendar localizadores tanto para agresores como para víctimas.

En julio se desarrollaron reuniones entre representantes de la cartera y del Poder Judicial, instancias a las que se espera poder sumar a Fiscalía en un futuro. "Nosotros, como auxiliares de la justicia tenemos que cumplir con nuestro mandato. En el caso en que los jueces disponen una medida alternativa a la prisión, somos el organismo que excepciona esas demandas y debemos de tener una intervención individual sobre las personas, sea cual sea la medida que el Poder Judicial dispone”, explicó en ese momento la directora de la Dinama, Patricia Peralta.

La jueza Lorena García dijo que los organismos están "abocados a que las penas sirvan para resocializar y solamente para eso".

Por su parte, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit —quien renunció en las últimas horas para asumir como director en la Institución Nacional de Derechos Humanos— también hizo mención al tema en su informe anual.

"Hay en el horizonte algunas líneas sobre las que todos los actores institucionales parecen coincidir", aseguró, entre las que mencionó reforzar el sistema de medidas alternativas y "asistir más a los liberados".

Según el documento presentado al Parlamento, hay casos "que podrían abordarse con medidas alternativas", pero que "la legislación vigente impone límites que reducen la posibilidad de aplicar prisión domiciliaria, incluso cuando se trata de delitos no violentos y de baja entidad".

Como consecuencia del hacinamiento carcelario y "para frenar el descontrolado aumento de la población en prisión", recomendó avanzar en la implementación de este tipo de soluciones.