INFORME

Una auditoría en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) detectó que US$ 5,5 millones del organismo fueron a parar, a través de convenios, a entidades que tienen representación en su directorio. Las decisiones fueron tomadas sin un previo informe técnico independiente, ni se evaluó que esos acuerdos fueran necesarios.

Esta irregularidad forma parte de una lista de hallazgos que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó y calificó como de riesgo “extremo”. En el informe final se detalla que se comprobó la ausencia de coordinación entre aéreas, debilidad o nulidad de controles, falta de rendiciones de cuentas, gastos observados por las dependencias técnicas que de todos modos fueron aprobados por el directorio, inexistencia de evaluaciones finales de los convenios, donaciones por casi medio millón de dólares y asistencia financiera a terceros que están prohibidos por ley, incumplimiento de normativas generales, y sueldos aprobados por los directores para ellos mismos que superan los topes máximos establecidos por ley.

“Se constató que Inefop aprobó convenios con entidades que poseen representación en el directorio, sin contar con un informe técnico independiente que evalúe su impacto y viabilidad, ascendiendo a la suma de $ 208.118.237 en el período auditado”, detalla el informe publicado. Esto ocurrió durante 2017, 2018 y 2019. Los datos no están desagregados por año, pero si se toma solo la cotización promedio de 2019 se trata de al menos US$ 5,5 millones.

Incluso el documento de la AIN observa que las comisiones de seguimiento, las que están previstas en los convenios, están a cargo de evaluadores vinculados con entidades a las que pertenecen miembros del directorio del Inefop. Que a su vez, esas personas, son designadas por el mismo directorio: “lo que asegura la debida oposición de intereses”.

Inefop fue creado en 2008, y su integración es tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores. La plata que entra al organismo es un porcentaje del sueldo de los trabajadores y aportes de los empresarios.

La auditoría recomienda una evaluación de impacto y viabilidad de los diferentes convenios, que deberá llevarse a cabo por un comité independiente al Inefop.

El informe también determina que hubo falta de coordinación entre las gerencias operativas y los encargados de las finanzas, que llevó a que se “desnaturalizaran” los convenios. A su vez, la carencia de informes es tal que se dificulta saber si los objetivos trazados se cumplieron, o si los gastos realizados fueron pertinentes.

Las organizaciones comprendidas en estos convenios observados son varias. Las tres principales son el Pit-Cnt, la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio. En otro escalón -en cuanto a los montos de los convenios- entran la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción, Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, Cambadu, Cámara de Turismo, Cámara de la Alimentación, Cámara de Transporte, Intergremial de Carga, Unión de Exportadores, Cooperativas Agrarias Federadas, Cámara de Industrias Frigoríficas, Cámara de Industria Pesquera, Confederación Empresarial del Uruguay y Cámara Uruguaya del Software.

Los mismos directores del Inefop se aprobaron retribuciones que superan el tope legal. Incluso el presidente del directorio del organismo, Eduardo Pereyra, percibía sueldo como director nacional de Empleo y cobraba gastos por su representación en Inefop. La Unidad Jurídica advirtió sobre este asunto con informes escritos, y el directorio actual el 3 de abril de este año adecuó la situación.

Además, “se detectó documentación que carece de las formalidades mínimas para su rendición, como documentos a consumidores finales, gastos no previstos en los presupuestos, alojamientos, servicios de cáterin, compras de insumos ópticos, arrendamientos de inmuebles por plazos que exceden el convenio”, detalla el informe.

Aunque es cierto que hubo gastos que la Administración Financiera observó en su debido momento, el directorio no lo tuvo en cuenta y aprobó las rendiciones.

Donaciones a Envidrio por fuera de la ley

Unas de las irregularidades detectadas en la auditoría realizada en Inefop fueron las aparentes extralimitaciones del organismo en las competencias que tiene previstas por ley. Concretamente, detectaron que el directorio aprobó donaciones millonarias a empresas y personas particulares. Se destinaron $ 20 millones a productores de Salto afectados por el granizo, así como otro monto que supera el millón y medio de dólares para la empresa Envidrio. Esto incluso fue investigado por la Justicia.

La Unidad Jurídica de Inefop no fue consultada al momento de tomar la decisión. Sí lo fue ahora para la auditoría, y advirtió que esos gastos no correspondía haberlos llevado a cabo.

Sobre el préstamo a Envidrio, el informe de la Auditoría General de la Nación agrega que “el préstamo fue otorgado sin un acabado estudio técnico acerca de la viabilidad del proyecto a financiar, y sin considerar si el beneficiario era objeto de crédito a fin de contar con seguridad razonable para recuperar los fondos prestados”.

Por este motivo el informe concluye que estas irregularidades se comprenden dentro de las consideradas de riesgo “extremo”.

En ese sentido recomienda a las autoridades del Inefop “evaluar las responsabilidades del caso y las acciones legales que correspondan”.

Como segundo punto plantea la necesidad de establecer los mecanismos que aseguren el cumplimiento del marco legal y reglamentario que legitime la toma de decisiones.

La empresa Envidrio, ubicada en el Polo Tecnológico del Cerro, contó con el apoyo del expresidente José Mujica, quien ha impulsado empresas autogestionadas por los trabajadores. De hecho, uno de los referentes de la cooperativa fue el exdiputado de su sector, el MPP, Daniel Placeres. La empresa entró en concurso de acreedores por no ser rentable.

Nota a los lectores: en una primera versión de la nota se informó que una de las organizaciones comprendidas en el convenio con Inefop era la Asociación Rural del Uruguay (ARU), pero ARU se comunicó con El País e indicó que si bien se le ofreció dinero, la organización no lo aceptó. La Federación Rural también fue mencionada en el informe. Sin embargo la gremial expresó en un comunicado que "la institución jamás se benefició de fondos públicos de ese origen".