Gobierno y consorcio se reúnen esta tarde para discutir el futuro de Arazatí con dos opciones sobre la mesa

Esta tarde, a las 18 horas, representantes del Poder Ejecutivo y del consorcio Aguas de Montevideo se reunirán para comenzar a definir cuál será el futuro del proyecto Arazatí, la iniciativa que pretende resolver el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana y que fue acordada con el anterior gobierno.

El escenario planteado, según indicaron fuentes vinculadas a la negociación a El País, tiene la certeza de que la obra tal como se propuso a la administración de Luis Lacalle Pou está descartada. Algo que no sorprende ya que tanto el presidente Yamandú Orsi como figuras relevante del gobierno -el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño,- criticaron la iniciativa y aseguraron que buscarían modificarla.

Ese proyecto -que es el que está firmado por contrato- implica la instalación de una toma de agua bruta en la zona de playa Arazatí en el departamento de San José, una planta potabilizadora, una reserva de agua dulce y una tubería aductora de agua tratada hasta los tanques de Cuchilla Pereira, para abastecer al sistema metropolitano. También se construiría un lugar para poner los lodos deshidratados, producto del proceso de potabilización del agua. La iniciativa implicaba que OSE pagara unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.

Sin embargo, las fuentes indicaron que las dos opciones que están sobre la mesa son un cambio sustancial a la iniciativa o rescindir el contrato. El gobierno evalúa proponer al consorcio -integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil- que en lugar de Arazatí se construya una nueva planta cerca de Aguas Corrientes y una aductora de 40 kilómetros de distancia hasta Cuchilla Pereira. También se analiza realizar obras complementarias en el este del país.

A diferencia de Arazatí, que tomaba agua del Río de la Plata, esta propuesta contempla que fuente siga siendo el río Santa Lucía. Por otra parte, según estiman desde el gobierno, con esta propuesta se estaría manteniendo la naturaleza del contrato y no implicaría consecuencias legales.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo está decidido a llevar adelante la obra de represa en Casupá. Y se analiza si es posible incorporarlo al nuevo proyecto.

En caso de no prosperar esta propuesta la única alternativa que se maneja es la rescisión del contrato. Aunque los informantes aseguraron que hay "buena voluntad" para acordar y se lleven adelante las obras propuestas. El plazo definido para tomar una decisión vence el 24 de julio.