Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi abrió un debate a nivel político sobre las condiciones en que se ofrecerán de ahora en más las asignaciones familiares. Lo que está en juego es si la nueva administración va a mantener o quitar la exigencia actual de que los padres inscriban y envíen a sus hijos a clase para recibir la partida económica que está destinada para los menores de edad más vulnerables del Uruguay.

Tanto Orsi -que antes de dedicarse a la política fue profesor de Historia- como el economista y docente universitario Gabriel Oddone -actual ministro de Economía y Finanzas- plantearon en la última campaña electoral que la asignación dejaría de funcionar en el marco de un sistema de contraprestaciones.

El artículo 6 de la Ley 18.227, del año 2008, que refiere a los “requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento” de la asignación familiar, estableció en el inciso C “la inscripción y concurrencia asidua” del beneficiario a un centro educativo para cobrar la prestación.

“El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar. No hay forma porque se te descalza una parte de la población, no le pidas algo que no te puede dar (…)”, afirmó Orsi en el programa En la Mira (VTV) durante la campaña electoral.

Mientras que Oddone, también antes de las elecciones y en el mismo programa, sostuvo que era “absolutamente” partidario de que las transferencias directas no sean retributivas. Planteó que el Frente Amplio busca ir por las “transferencias no condicionadas”, no solo en función de que esto es así en el mundo, sino porque, según dijo, ha resultado una “solución” en los países con altos niveles de ingresos.

La aplicación de la normativa actual fue motivo de debate en los gobiernos del Frente Amplio, mientras que la coalición se ha mostrado firme en mantener este requisito. Así lo aplicó en todo su gobierno Luis Lacalle Pou, salvo en 2020 por la irrupción de la pandemia.

La exigencia de pedirle a los padres que sus hijos vayan a la escuela para cobrar la prestación, denominada Asignación Familiar-Plan de Equidad (AFAM-PE), generó varias idas y vueltas años atrás.

La Ley 18.227 se aprobó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero se comenzó a aplicar en 2013, en el mandato de José Mujica. Y tuvo una marcha atrás durante el primer año de la segunda presidencia de Vázquez, pero se retomó en 2016 luego de un decreto en el que el mandatario exigió que se debía aplicar.

Pese a lo dicho en campaña por Orsi y Oddone, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) actual dijeron a El País que hasta el momento no han resuelto qué paso darán al respecto, ya que primero quieren analizar con datos qué resultados dieron las políticas aplicadas hasta ahora.

Los cortes de asignaciones, cuyo monto varía según la cantidad de beneficiarios por familia, el nivel educativo y si tienen o no discapacidad, se realizan dos veces por año: uno es al comienzo, tomando la inscripción de alumnos a los centros; y otro es al final, que pondera la asistencia de los beneficiarios a los centros educativos.

Para obtener la nómina de alumnos a los que se debe cortar la prestación económica se cruzan los datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Desde el Mides actual acotaron que buscarán ofrecer herramientas que trasciendan la transferencia monetaria. De manera que no descartan que en un escenario con múltiples apoyos, la asistencia a clases resulte como un “mínimo exigible”, y que se sigan cortando prestaciones como ahora.

“Incentivar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo” es uno de los “objetivos” que tienen las asignaciones, se indica aún en la página web del Mides.

El País informó en setiembre pasado que a mediados del 2024 se cortaron 5.812 asignaciones familiares por no ir a estudiar, y solo 330 se mantuvieron tras una regularización.

Entre 2018 a 2024, se suspendieron casi el 90% de las prestaciones de las familias que fueron notificadas, con excepción de lo ocurrido en 2020, que no hubo cortes.

Pese a este alto porcentaje de corte de asignaciones, la cifra de notificaciones por ausentismo del año pasado fueron las más bajas en la serie desde 2018, y casi la mitad de los registros anuales que hubo en todo el gobierno pasado.

El debate de las contraprestaciones para acceder a las asignaciones se cruza con uno de los principales desafíos que marcaron las próximas autoridades de la educación, que es mejorar la asistencia escolar, que está en niveles críticos. Los escolares faltan, en promedio, casi un mes a clases, de un año lectivo de unos 180 días.

La baja de asistencia escolar vista en 2023, tras un leve repunte poscovid, derivó en un análisis de la detección temprana de faltas en Primaria, y en la participación del Laboratorio de Perspectivas Comportamentales de Ceibal, que implementó un plan piloto con el envío de cartas en papel para mejorar la asistencia. Esto último se aplicó en 2024 y mostró buenos resultados parciales, aunque se estuvo lejos del objetivo trazado.

El País informó que en 2024, la “asistencia suficiente” en Primaria, que implica concurrir a clases más de 141 días, fue de 82%. Esto fue cinco puntos porcentuales por encima del dato de 2023, pero lejos de la meta fijada de entre 88% y 90%.

“Si no tenemos a los chiquilines en las escuelas, todo lo otro cae en saco roto. No hay mucha cosa que se pueda hacer si los chiquilines no están yendo a la escuela, y lo que es peor, hay más riesgos cuando están en la casa”, resaltó días atrás la próxima directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, en entrevista con El País.

Bajo este escenario, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, consultado por El País, no se mostró en contra de cortar la exigencia de que los padres envíen a sus hijos a clases para cobrar, pero insistió en que este “no es el punto para mejorar la asistencia”, sino una “batería” de medidas.

“La solución a la presencialidad no pasa necesariamente por las asignaciones familiares. Es una situación mucho más compleja, y esta puede ser una herramienta más para utilizar, pero no tuvo el efecto. Si nos llevamos por la demostración de los hechos, la deserción o las faltas aumentaron”, remarcó el novel ministro.

“Hay un debate de las derechas, que es falso, que dicen, ‘las izquierdas dan recursos económicos a cambio de nada’. Y hay otra afirmación, de las izquierdas, que dice que si no tienen una base original, después no se puede exigir nada. Yo no voy a entramparme en ningún debate de ese estilo”, añadió el titular del MEC.

“El problema central es asegurar la presencia de los estudiantes y la calidad de los aprendizajes. Lo demás son herramientas que deben estar en función de sus objetivos. ¿Incluye la asignación? Incluye, pero es mucho más complejo que eso”, remarcó Mahía.

Por otro lado, el futuro presidente de ANEP, el maestro Pablo Caggiani, dijo a El País que “hasta que no se cambie” la Ley 18.227, se deben cortar las asignaciones en los casos que la normativa así lo indique. “No es una decisión nuestra”, enfatizó el experto.

“Yo quiero que los niños vayan a la escuela. Pero estoy a lo que diga el presidente de la República” sobre el futuro de las asignaciones familiares, añadió el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

Foto: Estefanía Leal/El País.

El nacionalista Martín Lema, exministro de Desarrollo Social (Mides) entre 2021 y 2024, se volvió a mostrar en contra de una modificación de las exigencias para brindar la asignación familiar.

El actual candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana y una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Luis Lacalle Pou, insistió nuevamente que Orsi al haberse comprometido a quitar la exigencia de acudir a clase para recibir la prestación, ha planteado lo que calificó de “retroceso brutal”.

Lema, cuya gestión en el Mides ha sido cuestionada por el Frente Amplio, volvió a señalar que “si no se cumple la contraprestación”, que en este caso es enviar a los niños a las aulas todo el año, “hay que suspender la prestación”.

El senador electo, además, señaló que es un “mensaje negativo” quitar la exigencia de llevar a los menores de edad a clase para cobrar la partida. Sobre todo valorando que “no es lo mismo si van a los centros educativos que si no van”.

También insistió en que la postura manejada por Orsi “va en contra” de lo que marcó el expresidente Vázquez.

El corte de asignaciones se hace dos veces por año: uno al principio, tomando como base la inscripción a los centros educativos; y otro sobre el final del año, que tiene en cuenta la asistencia a las instituciones. En 2013, aún en el gobierno de Mujica, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015, primer año del segundo gobierno de Vázquez, no se hizo el corte porque Arismendi lo bloqueó. En el primer corte de 2016 -ya con el decreto en plena vigencia- el BPS anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes; pero el segundo de ese año ya no se hizo porque Secundaria no envió a tiempo los datos para hacer el cruzamiento de la información. En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo. En 2018 fueron 9.924 en el primer corte y 12.607 en el segundo. En 2019, en tanto, fueron 9.471 y 5.816, respectivamente. En 2020, en el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, no se hicieron cortes de asignaciones, una decisión que tuvo que ver con la pandemia del covid-19. La misma decisión se tomó en el segundo semestre de 2021, mientras que en el primero -cuando había menos contagios- sí se suspendieron 9.678 prestaciones. En 2022, fueron 10.846 y 791; y en 2023, 1.190 y 8.209. En el primer semestre de 2024 se suspendieron 5.812. Antonio Manzi, ex director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, que no está de acuerdo con lo planteado por Orsi y Oddone, advirtió semanas atrás a El País que el corte de asignaciones ha sido clave para que muchos jóvenes volvieran a estudiar. Es que, sostuvo, previo a la suspensión, se toman los datos preliminares de los potenciales beneficiarios a suspender para activar acciones entre ANEP, Mides y BPS. Con respecto a esto, la cartera saliente tenía también datos procesados desde 2018 y estos marcaban que tras ser informados sobre el corte de asignaciones volvieron al sistema ese año 526 jóvenes. Luego, fueron 261 en 2019, 2.305 en 2020, 742 en 2022, 2.640 en 2023 y 330 tras el aviso que se hizo a mediados de 2024.