Gobierno anunció construcción de planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos cerca de Aguas Corrientes

Redacción El País
El gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo anunciaron un proyecto para garantizar suministro de agua potable en área metropolitana. Tal como adelantó El País, se trata de un proyecto alternativo a Neptuno, que fue firmado durante la administración anterior.

Las partes acordaron realizar cambios al contrato de Arazatí para la construcción de una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos en la cuenca del Santa Lucía en inmediaciones de Aguas Corrientes (Canelones).

La nueva planta y la actual de Aguas Corrientes producirán 900.000 metros cúbicos de agua potable para asegurar el abastecimiento en el área metropolitana.

Foto: Leonardo Mainé.

La propuesta es una alternativa luego de que se descarte el proyecto Neptuno que se había firmado en la anterior administración, y pretendía instalar una planta potabilizadora en Arazatí (San José).

El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgado Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, junto con Alejandro Ruibal, presidente de la constructora Saceem e integrante del consorcio de privados Aguas de Montevideo, brindaron una conferencia de prensa para ahondar en detalles.

"El acuerdo implicará obras en la quinta línea de bombeo y la construcción de una reserva de agua bruta y una pequeña potabilizadora en la zona de Solís Chico", señaló Sánchez.

El secretario de Presidencia afirmó que las modificaciones al contrato "permitirán abaratar en un tercio el costo inicial previsto para el proyecto Neptuno". Los plazos de construcción serán de entre 30 y 36 meses, confirmó Sánchez ante la consulta de El País. Se prevé que las obras comiencen el próximo año y el objetivo es garantizar el acceso al agua potable en la zona metropolitana hacia 2045.

Además, el secretario de Presidencia indicó que la gestión de la nueva planta estará en manos de OSE.

También se acordó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato que irá al Tribunal de Cuentas.

Foto: Leonardo Mainé/El País.