OPOSICIÓN

Los senadores frenteamplistas Liliam Kechichian y Enrique Rubio aseguraron que la coalición de izquierda continúa en "sesión permanente" por el llamado a comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, realizado días atrás porque sigue habiendo "carencia de información".

"Por ejemplo, la propia designación del jefe de la custodia presidencial, (Alejandro) Astesiano, nunca la pudimos ver. No está colgada en la página y, cuando la pedimos, dijeron que la tenían, pero no la proporcionaron", expresó la senadora.

Además, dijo que al Frente Amplio (FA) le  preocupa "la confesión de que no se informó a Interpol sobre los nombres de los pasaportes otorgados", lo que consideran "un hecho grave".

En la misma línea, el senador Enrique Rubio señaló que el FA hizo un pedido de acceso a la información pública "masivo" para ver "los expedientes de las personas que durante la pandemia fueron exceptuadas y se les dio el aval para que ingresaran a el país".

En otro orden de cosas, ambos legisladores anunciaron que ña bancada de senadores frenteamplistas ingresó al senado este martes dos proyectos de ley: uno vinculado al fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y otro vinculado al enriquecimiento ilícito. 

La senadora explicó que los dos proyectos se complementan con la ley de financiamiento de los partidos políticos que está en la Cámara de Diputados, ya que "buscan colaborar con la transparencia necesaria luego de los hechos acontecidos en el último tiempo".

En tanto, el senador Rubio agregó que "el tema del manejo del dinero, sea para el financiamiento de los partidos o el uso de las funciones públicas, es clave de los mecanismos de corrupción".

Rubio explicó que para el FA "resulta imprescindible dar un salto hacia adelante que fortalezca los organismos que procuran introducir transparencia y lucha contra la corrupción en nuestro país", porque consideran que las facultades de la Jutep "son muy limitadas".

Entonces, el primer proyecto –según el senador– convertiría a la Jutep en "un ente autónomo no dependiente del poder político, cuyos integrantes de su dirección (serían) designados por la Asamblea General, por dos tercios". Eso, agregó, "le da facultad frente al Poder Judicial para poder hacer denuncias penales fundadas" y hace "que sea obligatorio que las declaraciones juradas estén en la web y (que) todos los ciudadanos tengan acceso".

Este primer proyecto complementa al segundo, de enriquecimiento ilícito, porque tendrían la sanción correspondiente desde el punto de vista penal "los casos en los que se configuren situaciones que notoriamente denotan actos de corrupción" o abuso de la función pública, "cualquiera sea la naturaleza de la misma", señaló.