Fiscalía advierte que incremento de penas generará "impunidad" y apela al "sentido común" de los diputados

Redacción El País
Año tras año, todos los gobiernos caen en la vieja tentación de incluir en las rendiciones de cuentas artículos que nada tienen que ver con lo presupuestal. En particular, en los últimos tiempos se han incluido una serie de normas que incrementan penas y contribuyen, según la jerga judicial, a la “inflación” penal. Esta Rendición de Cuentas no fue la excepción.

A instancias del Ministerio del Interior el texto incluye 17 artículos que han sido fuertemente resistidos por todos los operadores vinculados al sistema de Justicia. Y los diputados, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, han optado por una solución salomónica: retirarlos del articulado y que, en todo caso, sean discutidos en otra ocasión.

El más resistido fue el artículo 145. Allí se plantea incrementar las penas por homicidio simple y llevarlas a entre seis a 18 años de penitenciaría. La principal consecuencia sería que en todos estos casos no sería posible llegar a acuerdos abreviados. Todos deberían resolverse por juicio oral o procesos simplificados. Hoy la pena mínima para estos casos es de dos años.

El fiscal general de la nación, Juan Gómez, advirtió ante el Parlamento sobre consecuencias lapidarias. Siendo "optimista", dijo, hoy por hoy se están tramitando unos 12 juicios orales y públicos al año. Además de insumir muchos recursos, preparar estos casos les suele llevar a los fiscales hasta dos semanas de trabajo.

Gómez apeló al "sentido común" de los legisladores. "Imagínense tres fiscalías de homicidios con una respuesta de 10 o de 30 juicios por año, nada más que con un fiscal titular y dos adscriptos", pidió. Será muy difícil continuar con las investigaciones del resto de los casos, agregó. El fiscal fue claro: con este tipo de soluciones "estamos fomentando la impunidad".

Los jueces afirmaron por su parte no comprender la intención de la medida. Advierten también que les generará una sobrecarga de trabajo. Darwin Rampoldi, dirigente de la Asociación de Magistrados, dijo intuir que tal vez se trate de un tema de "dosimetría penal", ya que hoy existen delitos contra la propiedad que tienen penas mínimas más altas. "Quizás el problema fue cuando se aumentaron esos mínimos y no se atendió la globalidad del escenario del derecho penal", afirmó.

Las críticas llegaron también desde los defensores públicos. “Si hoy no podemos con lo que tenemos, si todos los homicidios se tramitan por juicio oral, lisa y llanamente esas personas van a a estar en la indefensión”, subrayó la dirigente Lucía Long. El litigio será desigual, consideró, ya que habrá un dirección de la Policía especializada en homicidios y tres fiscalías contra un defensor seguirá trabajando al mismo tiempo en hurtos, temas de familia o casos de abuso sexual.

El otro artículo más cuestionado fue el 149. Allí se prolonga de 30 a 90 días el plazo que hoy tienen los fiscales para formular la acusación contra menores de edad responsables de un delito.

Desde la Asociación de Magistrados, Rampoldi planteó a su vez que el plazo global del proceso sigue siendo de 150 días, lo que significará un "desequilibrio" para la defensa en cuanto a oportunidades y tiempos para preparar su caso y que, además contará con menos tiempo para diligenciar prueba.

En este artículo la Asociación de Fiscales marcó un contrapunto: a ellos sí les conviene la ampliación prevista. "Los plazos actuales son muy acotados muchas veces perjudican la resolución de los casos" afirmó el presidente de esa gremial, Willian Rosa. "Lo vemos muy auspicioso y puede tener un buen impacto", agregó.

Estos y otros artículos seguirán en el texto hasta la hora de la discusión final. Allí el oficialismo promoverá su desglose a la Comisión de Constitución y Códigos como proyectos particulares. Será a iniciativa del diputado Iván Posada (Partido Independiente). Queda por resolver todavía qué pasará con el artículo 130, que establece que las declaraciones de los presos ante sede judicial deberán hacerse, siempre que estén disponibles, por medios telemáticos.

La disposición representa un desafío para los defensores públicos, que patrocinan hoy a unos 11 mil reclusos, lo que les implica una saturación en su trabajo. “No es materialmente posible que los defensores nos traslademos a las unidades penitenciarias”, dijo ante los legisladores una de sus representantes, Lucía Long. De aprobarse, la abogada sostuvo que les significaría pasar “días enteros” adentro de las cárceles. Necesariamente implicará, dijo, que quede gente “sin ser atendida”.

De todos modos, Long reconoce que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) está saturado y no cuenta con medios de transporte para trasladar a todos los presos a los juzgados cuando les toca declarar.

En la misma línea se pronunció Rampoldi, desde la Asociación de Magistrados. "Los medios telemáticos no están adaptados y, si bien existen, no hay en la cantidad suficiente para desarrollar las audiencias que se necesiten", dijo. Al respecto, graficó la situación con un ejemplo: "Es como si una persona necesitara una intervención quirúrgica y, porque no haya ambulancia y no pueda ir hasta el quirófano, tengan que trasladarse los cirujanos y operarla en sala".

Posada dijo compartir los cuestionamientos al artículo 130. "Claramente, allí hay una afectación de las garantías para las personas privadas de libertad", reconoció.