Con el respaldo de legisladores del Partido Nacional, Colorado e Independiente, el senador Andrés Ojeda rompió el silencio luego de varias semanas tras la acusación que pesa sobre él de haber violado la Constitución.
Para hacerlo, el abogado penalista se amparó en el último de una serie de informes jurídicos que han circulado en los últimos días. En este caso, fue elaborado por la Comisión Administrativa Dirección Jurídica del Poder Legislativo a pedido del propio Ojeda el 28 de noviembre. “Ejercer tareas estrictamente profesionales ante servicios descentralizados, en particular la intervención como profesional abogado ejerciendo defensa letrada técnica penal no encuadraría dentro de las prohibiciones dispuestas por el artículo 124 de la Constitución”, concluyó el informe.
En otro extracto, se consideró que en su actuación el penalista ejerció “el rol de defensor” y por tanto se le otorga el “rango de parte frente a Fiscalía”, no de “simple gestor de trámites”.
Ante la prensa, el secretario general del Partido Colorado dijo que está en “negro sobre blanco que no hubo ninguna violación constitucional” y agradeció los gestos tanto de los senadores de la oposición como del Frente Amplio (FA) y de Cabildo Abierto.
“Quiero ser especialmente agradecido con la bancada de senadores del Frente Amplio, que tuvo mucha moderación, prudencia y respeto. Nadie cobró al grito. Mucho mejor que la posición de oportunismo de Fernando Pereira. Fin de la operación, se les apagó la máquina de humo. Para mí es el cierre del tema”, apuntó Ojeda.
Ni feliz ni agradable
Sin embargo, la postura del oficialismo todavía no está definida y varios de los dirigentes consultados por El País coincidieron en señalar que aún no dan por cerrado el tema puesto que resta información por conocer. El presidente de la comisión de Constitución y Legislación, Sebastián Sabini, dijo el martes que para el FA “no es una posición feliz ni agradable” tener que discutir la posible destitución de un senador que fue elegido por el voto popular. Según supo El País, tampoco cayó bien entre los legisladores oficialistas la intempestiva reacción del presidente del FA -mantendrá una reunión el próximo martes para tratar el tema- cuando el pasado lunes, tras analizar dos informes de los constitucionalistas José Korzeniak y Luis Fleitas, no dudó en sostener que Ojeda había violado la Constitución cuando la bancada ha optado por mantener una postura más cauta.
Aun así, para los senadores que integran la bancada oficialista, el punto clave a la hora de fijar una postura es reunir más información e insumos sobre el accionar de Ojeda como abogado penalista, en paralelo a su rol como senador.
“Una cosa es que haya firmado un escrito que es lo que trascendió. Otra que haya actuado en otras causas, que haya interactuado con fiscales. Si hay un caso puntual o es una actitud permanente. No permito que nadie le diga a la bancada del FA cómo actuar. Hay enormes dudas sobre las gestiones del senador Ojeda en Fiscalía”, dijo a El País Sebastián Sabini.
No obstante, en líneas generales, la postura que por el momento prima entre los principales dirigentes de la coalición de izquierda es que concretar la destitución de un senador de la República por un caso puntual, como el que hasta ahora se conoce, es excesivo.
Otra lectura sobre el asunto la dio el coordinador de bancada del FA, Daniel Caggiani, que planteó la necesidad de avanzar en una legislación que contemple mejor los posibles conflictos de interés que se pueden presentar a los representantes, que son quienes “votan leyes, controlan al gobierno y afectan intereses públicos y privados”.
Dudas en comisión sobre competencia
Al entrar la acusación contra Ojeda de parte del convencional del Partido Colorado Juan Esquivel Ibarra a la comisión de Constitución y Legislación, varios de los senadores que forman parte plantearon si el dirigente político -expulsado del sector del senador Unir Para Crecer- tenía la legitimidad para hacer una denuncia en el Parlamento.
En primer término, fue el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, el que opinó que el procedimiento para determinar una violación constitucional no debe ser juzgada y decida por una comisión parlamentaria.
“Un ciudadano no tiene legitimación activa para promover este tipo de procedimientos. Entonces, si se va a pedir información al área jurídica me parece bien, pero sería bueno que se incluyeran esos aspectos concretos porque me parece que son bastante claros”, resumió Bordaberry sobre la serie de informes que pidieron los senadores a diferentes departamentos jurídicos del Parlamento.
Tanto los senadores Javier García, Graciela Bianchi y Bordaberry coincidieron en señalar que no es competencia de la comisión abordar la legitimidad de la denuncia, la decisión de si hubo o no incumplimiento constitucional e incluso los procedimientos a seguir. De parte del Frente Amplio se coincidió en lo planteado por los legisladores oficialistas y se resolvió elevar varias consultas a Jurídica del Parlamento y del Senado.
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