UNA RELACIÓN COMPLICADA
La “plata de la corrupción venezolana” iba para Uruguay, dijo el candidato a la presidencia de Argentina. En Uruguay, la oposición pidió investigar las declaraciones.
Con el puente General San Martín ya cortado, la relación entre el primer gobierno de Tabaré Vázquez y la administración de Néstor Kirchner ya era tensa a mediados de 2007 y estaba lejos de ser cordial. “Que los argentinos nos dejen de usar como coartada para ellos, por favor”, se quejó el 22 de agosto de ese año el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa. Se refería a lo que había dicho unos días antes el hoy candidato Alberto Fernández, en aquel momento jefe de gabinete del gobierno: que los casi 800.000 dólares que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson había intentado entrar a Argentina iban a ser depositados en Uruguay.
Pasaron 12 años y lo que ocurrió esta semana fue casi un déjà vu. Entrevistado en el programa televisivo La Cornisa, Fernández -favorito para ganar las elecciones del próximo 27 de octubre- volvió sobre el tema y dijo que “lo único que está probado” es que Antonini “vino con dinero” y que al día siguiente viajaba a Uruguay y tenía “alrededor de ocho viajes previos”. Y entonces afirmó: “Yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay, que era lo más parecido a un paraíso fiscal".
En 2007, Nin Novoa atacó duro a Fernández: “Alegremente dice que Antonini Wilson venía para Uruguay, pero podría haber dicho que iba para Tanganica o para cualquier lado, porque de lo que se trataba era de ocultar un hecho grave, porque no se puede entrar a un país con dinero sin declarar”.
Doce años más tarde Nin evitó hacer referencia al tema. “De eso no hablo”, dijo ayer ante la consulta de El País. La misma actitud adoptaron varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP). El diputado Daniel Caggiani, presidente del Parlasur, sostuvo que lo que dijo Fernández “es más viejo que la ruda” y que no piensa hacer declaraciones. “¿Quién va hablar sobre semejante disparate? Es de locos”, respondió a El País el encargado de comunicación del MPP, Camilo Cejas, al igual que el diputado Daniel Placeres, quien se limitó a decir: “Sobre eso no tengo opinión”.
En cambio, el diputado frenteamplista Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que lo que hace Fernández “es jarabe de pico, o sea hablar al pedo” (sic). Y agregó: “Él todavía no es nadie, solo un candidato a la Presidencia. Son cosas que hay que probar una vez que se dicen. Si lo hacen, acá la Justicia funciona; es un país serio”.
Oposición.
El senador y candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó ayer que “los lazos comerciales, económicos y oscuros entre el chavismo y los gobiernos del Frente” deberían ser investigados “seriamente”. En la misma línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala -quien en su momento había presentado una denuncia ante la Justicia dijo que no tiene dudas de que lo que dijo Fernández pasó de verdad y que el tema “incomodó mucho al gobierno” en aquel momento: “Son más que presunciones, este era el destino del dinero, por los negocios entre Uruguay y Venezuela, particularmente el de las casas prefabricadas. Todo lo concerniente al Fondo Bolívar-Artigas tuvo una dosis de turbiedad muy evidente”.
El exdiputado Gonzalo Mujica, quien en aquel momento integraba el Frente Amplio, fue un paso más allá y afirmó que el próximo gobierno debería “abrir una investigación profunda sobre estos acontecimientos” y adelantó que, si gana Luis Lacalle Pou, lo hará.
¿Y cómo? “Hay que hacer una investigación judicial”, indicó y apuntó que la iniciativa de investigación la tienen los fiscales, “que son funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo”, aunque luego afirmó que tienen independencia técnica por lo cual no los pueden “incentivar” a que lo hagan.
También dijo que el gobierno puede aplicar medidas administrativas y que “hay que abrir las cuentas de las posibles empresas vinculadas a Antonini Wilson, que recibieron ocho viajes de dinero en valijas”.
En tanto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi dijo que la Fiscalía debería investigar “de oficio” lo que dijo el candidato argentino, ante la gravedad de su denuncia. “Fernández está tratando de comprar futuro, pero nosotros ya sabíamos que esto venía para Uruguay”, afirmó Bianchi.
La Justicia archivó el caso hace nueve años
El “caso de la valija” lo investigó en su momento el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron tres diputados del Partido Nacional -Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Rodolfo Caram- después de las declaraciones que el 4 de agosto de 2007 realizó el entonces jefe de gabinete del gobierno argentino, Alberto Fernández.
En un escrito presentado ante el juez Fernández Lecchini, los diputados blancos expresan que Antonini ingresó a Uruguay siete veces entre 2006 y 2007 y que la actividad principal era “concretar negocios”, oficiar “como lobbista” y que su nombre había aparecido vinculado a operaciones de intercambio entre Venezuela y Uruguay.
El juez tomó declaraciones a varios representantes de Pdvsa para intentar avanzar en el expediente, y estos negaron en todo momento tener alguna vinculación con Antonini Wilson.
En septiembre de 2010 el juez entendió que no había elementos probatorios que vincularan al empresario con hechos irregulares en Montevideo.
Después de chequear todos los documentos que en ese entonces estaban sobre la mesa, el juez decidió clausurar el caso.
En la entrevista en el programa La Cornisa, el periodista Luis Majul le dijo al candidato Alberto Fernández que nada de lo que planteaba vinculado al dinero para Uruguay estaba en el expediente. Pero Fernández le respondió: “Esto lo sé porque en su momento hablé con (Thomas) Shannon, quien era el responsable para América Latina de Condoleezza Rice".
Majul insistió sobre la veracidad de las afirmaciones al no estar en el expediente y Fernández explicó: “Esto no lo sé yo por mí, lo sé porque me lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (...) Estoy absolutamente seguro porque ademas lo vi a (Hugo) Chávez reaccionar, porque Chávez estaba en Argentina”, dijo en referencia al expresidente venezolano.
En Argentina el caso Antonini Wilson prescribió en junio del año pasado, diez años y diez meses después de que se descubriera la valija con los dólares en el aeropuerto de Buenos Aires.
Nin Novoa explicará al Parlamento
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi convocó al canciller Rodolfo Nin Novoa al Parlamento por los negocios con Venezuela y confirmó ayer que el jerarca comparecerá el próximo 4 de setiembre. “Será una buena oportunidad para explicar las afirmaciones del candidato argentino Alberto Fernández sobre los dineros sucios venezolanos”, publicó Goñi en Twitter.
El tema había sido tratado en el Parlamento entre agosto y setiembre de 2007, después que Fernández dijo por primera vez que el dinero que llevaba Guido Antonini Wilson, iba a ser depositado en Uruguay. En la comisión de Industria el entonces ministro Jorge Lepra declaró que no descartaba que hubiera recibido a Antonini, “integrando alguna delegación comercial”, según recordó el diputado blanco Pablo Abdala.
Tres opiniones.
“De lo único que tenemos pruebas es que algunos dirigentes del gobierno de Cristina tiraban plata por arriba de los muros adentro de un convento y lo agarraban las monjas; están las filmaciones”, dijo con ironía el diputado Jorge Pozzi, en referencia al episodio en el cual el exsecretario de Obras Públicas José López arrojó bolsos con dinero a un convento.
“Los negocios con Venezuela rompen los ojos”, dijo Pablo Mieres al programa radial La Lupa, de Emisoras del Este. “Yo estoy esperando que en algún momento se haga una investigación en serio”, opinó. “Los lazos comerciales, económicos y oscuros entre el chavismo y los gobiernos del FA en algún momento van a tener que ser investigados seriamente”.
“Hay una cuenta a nombre de Aire Fresco SA que depositó Antonini Wilson. Tengo hasta el número de cuenta. Como soy mujer se desconfía de lo que uno investiga, pero la triangulación del kirchnerismo-Venezuela-Irán está probada”, afirmó la diputada Graciela Bianchi, quien reclamó que la Fiscalía investigue “de oficio” cuanto antes.
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