Redacción El País
El cierre de Boreal, la planta procesadora de cáñamo que prometía ser la más grande de la región, movilizó a la comunidad de Salto. Una veintena de trabajadores fue despedida de improviso, por WhatsApp, en medio de una denuncia de los inversores canadienses contra el gerente por malversación de fondos.

Desde entonces, los exempleados han apelado a los dirigentes políticos para resolver su situación laboral. La última reunión fue con Carlos Albisu, referente del Partido Nacional en Salto, a quien le trasladaron una propuesta el viernes pasado.

El planteo parte de la base de que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) pronto otorgará y licitará nuevas licencias para la producción de flores distribuidas en farmacias, aunque fuentes de esta institución aclararon que no se está discutiendo el tema. Según explicaron a El País, actualmente hay tres empresas produciendo en Libertad (San José) y no se está evaluando ampliar la cantidad.

Los extrabajadores de Boreal solicitaron que, si alguna vez se da este proceso, el organismo establezca que los licenciatarios deban ser empresas ubicadas en el norte del país. “Esto permitiría que (Boreal) pudiese presentarse a disputar este llamado y, en caso de lograrlo, preservar nuestras fuentes de trabajo e incluso ampliar las mismas para otros compañeros”, plantearon los extrabajadores en la nota entregada a Albisu.

El vocero Diego Núñez, que participó del encuentro con Albisu, argumentó en diálogo con El País que además esta serìa una forma de “descentralizar” lo dispuesto en la Ley N° 19.172, de regulación y control del cannabis. Si bien la marihuana recreativa se vende en farmacias de todo el país, la producción se concentra en San José.

“En Uruguay hay un déficit de TCH recreativo, porque en el primer día se termina en las farmacias, y hay maneras de cubrir ese mercado. Nosotros queremos trabajar”, subrayó Núñez, que se desempeñaba en el área de mantenimiento electromecánico y control de atmósfera del laboratorio y del depósito de Boreal.

Por su parte, Albisu se comprometió a trasladarle el planteo a las autoridades del Ircca. A su vez, aseguró que el Poder Ejecutivo está atento a la situación de los extrabajadores tras el cierre de la planta.

“El gobierno se está ocupando y va a buscar una solución en lo inmediato. Además va a buscar una solución de fondo para los trabajadores, que tienen un perfil en el cáñamo, cuando en el país no son tantos”, dijo a El País el dirigente blanco, que actualmente preside la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Esa “solución inmediata” es la creación de un régimen especial de seguro de desempleo para los extrabajadores de Boreal. Albisu señaló que el Ministerio de Trabajo está articulando una propuesta que, en caso de concretarse, sería similar a la que sucesivamente el Parlamento aprobó para los trabajadores citrícolas de Salto. En cuanto a la respuesta “de fondo”, el dirigente explicó que están en conversaciones con varios inversores.

“Salto es un lugar bueno para este tipo de plantaciones, por el sol y por la baja humedad. Hay argentinos ya instalados y otros que están midiendo la posibilidad de hacerlo, aunque también están atentos a los permisos”, señaló.

Una de estas compañías, oriunda de la provincia de Tucumán, ya está instalada al sur del país y quiere explorar la extracción del aceite de cáñamo para exportar. Y, como las plantaciones están en Salto, tiene interés de operar en el departamento. Si este paso se concreta, los extrabajadores de Boreal podrían reinsertarse en el rubro después de haber cobrado el seguro de desempleo, explicó Albisu.

Los exempleados también pretenden reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En la pasada sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, una delegación de exempleados señaló que una ingeniera agrónoma se presentó ante el Ministerio de Ganadería como representante técnica de Boreal. Semanas atrás, El País informó que el Ministerio de Trabajo no podía localizar a los encargados de la empresa.