Redacción El País
El Ministerio de Economía y Finanzas envió este martes al Parlamento el proyecto de leydiseñado para representar una solución a la situación de más de 24 mil personas que, desde hace décadas, mantienen deudas con el Banco Hipotecario (BHU) y que se han autodefinido como los "rehenes de la unidad reajustable".

Tal como lo había informado El País, la solución va en en pararelo con la disolución del propio BHU. Una disposición que, al tratarse de la liquidación de un organismo estatal, requiere una mayoría de dos tercios de votos en el Poder Legislativo y que, de aprobarse, supondrá el fin de una institución con 111 años de vida.

Precisamente, tres de los ochos artículos que componen la iniciativa están referidos al destino del banco y, sobre todo, de los funcionarios que conforman su plantilla. El BHU será suprimido y sus funciones pasará a una nueva unidad organizativa en la órbita del Banco República (BROU), que se llamará "Créditos Hipotecarios". que tendrá sus mismos cometidos y que asumirá todos los bienes, créditos, recursos, obligaciones y puestos de trabajo en ente que desaparecerá. La supresión implicará necesariamente, a partir de su vigencia, el cese en sus funciones de los directores del Banco Hipotecario.

Será el Poder Ejecutivo el que aprobará, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la incorporación de los funcionarios al Banco República, que mantendrán la calidad de funcionarios de la banca oficial y de los derechos y beneficios adquiridos. A los efectos, se podrá establecer escalafones especiales en la nueva área a crearse en esa institución.

El proyecto, al que accedió El País, plantea que los saldos pendientes de pago de deudas documentadas mediante préstamos hipotecarios o promesas de compraventa constituidas ante el BHU, cualquiera de los fideicomisos administrados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) o en representación del Banco de Previsión Social (BPS), intendencias o ministerios quedarán extinguidos de pleno derecho a los 180 días de que la eventual ley cobre vigencia siempre que, al 31 de diciembre de este año, se cumplan una serie de condiciones.

Entre ellas, que la deuda esté nominada en unidades reajustables, que haya sido contraída para la compra, reparación o construcción de vivienda propia, que el titular sea una persona física y que el préstamo tenga una antigüedad de 40 años desde su concesión. En este grupo, según las estimaciones, están comprendidos unos 2.500 casos. El beneficiario tendrá un plazo de un año para la escrituración definitiva del bien.

Los saldos pendientes de préstamos que no cuenten con una antigüedad de 40 años desde su concesión no quedarán extinguidos pero contarán con diferentes modificaciones. Aquellos a los que les resten diez años para cumplir esa antigüedad contará con una tasa de interés de 0% en unidades reajustables. En el caso que tengan entre 10 y 39 años, esa tasa será de 2,5%.

Las tasas se mantendrán fijas durante todo el período que reste para alcanzar la antigüedad de 40 años requerida. En caso de incumplimiento de tres o más cuotas sucesivas o alternadas en el término de un año, las bonificaciones otorgadas quedarán sin efecto.

La fórmula contenida en el proyecto - que supondrá para el Estado unos US$ 330 millones, según estimaciones oficiales - forma parte de una promesa varias veces anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou. La última, durante su discurso ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo. La iniciativa llega luego de un largo trabajo en el que participaron, a nivel parlamentario, los senadores nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy, junto al colorado Germán Coutinho y el cabildante Raúl Lozano, actual ministro de Vivienda.