CRUCES POLÍTICOS

La discusión en el Parlamento en torno a los proyectos de ley que buscan establecer un régimen de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza va acumulando cada vez más elogios y críticas a la par, conforme el debate avanza y las propuestas presentadas por el Partido Nacional y Cabildo Abierto se consolidan en un único texto que comienza a reunir el consenso entre los socios de la coalición de gobierno.

El nuevo borrador dejó por el camino disposiciones que definían que los hombres denunciados por violencia de ninguna manera podían perder el derecho a la tenencia o a las visitas, lo que ocurre hoy en día por motivo de las medidas cautelares que dicta la Justicia.

Ahora, en el documento confeccionado por la senadora blanca Carmen Asiaín y que recoge varias intenciones de los cabildantes, se propuso que en casos de denuncia el juez puede disponer que el niño vea a su padre en escenarios de control -como un edificio público, una plaza o con la supervisión de abuelos u otros familiares- siempre y cuando “se garantice la protección de la integridad física y emocional” del menor.

Este cambio dejó conforme a algunos actores que habían reparado en el peligro de los artículos anteriores, como la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero. Pero no convence en absoluto a la Asociación Civil El Paso -uno de los colectivos que se expresó en contra de las iniciativas desde un principio- y dejó con gusto a poco al senador cabildante Guillermo Domenech.

“Yo lo veo con muy buenos ojos y me parece muy bien que se hayan tenido en cuenta las críticas que habíamos planteado”, dijo Bottero en diálogo con El País. “Eran planteos que venían de ámbitos internacionales y especialistas en derecho que nosotros acompañábamos, por lo que no tenemos más que elogios con la actitud de la senadora Asiaín y las modificaciones introducidas”, agregó.

En el extremo opuesto se situó Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso. Para empezar, dijo, porque cree que “no hay forma de que este proyecto sea mejorable”. “No es necesaria una ley para resolver la problemática de la tenencia, porque ya está legislado”, sostuvo. Y agregó que no encuentra viable que se permitan “visitas vigiladas con el agresor”. “Es una locura, por el nivel de presión que pueden sufrir los niños. Pero además los abuelos, los padres del agresor, muchas veces no creen en la palabra de los niños, porque creen en la de su hijo. No hay manera, e insistir con esto es pararse en la perspectiva de que un agresor puede ser un buen padre, y eso jamás”.

Domenech, en tanto, manifestó estar molesto con esta clase de cuestionamientos, que a su entender provienen de “determinados colectivos que se identifican como feministas, (pero) que tienen posiciones radicales, adversas a los hombres”, según aseguró este martes en entrevista con el programa radial Doble Click.

Agregó que, por ejemplo, las críticas que había hecho Bottero cuando compareció días atrás a la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, respondían “a esos mismos intereses”, que tiene por objetivo, en última instancia, “proscribir a los hombres de la vida familiar”, argumentó el senador.

Él, por su parte, dijo que se aferraba al principio jurídico de que se debe “presumir la inocencia de todo sujeto, mientras no se pruebe lo contrario”, y aseguró que hay casos en los que la denuncia es utilizada “como pretexto” para perjudicar a los padres.

“Por lo tanto, nos parece muy razonable que mientras no exista un pronunciamiento de la Justicia (...) se busquen alternativas para que las visitas se sigan realizando, ya sea con el progenitor acusado o con su familia, en un ambiente en el que el menor no corra riesgo psicológico o físico”.