POLÉMICA
Esta reforma había sido impulsada por el Frente Amplio luego de que en 2019 Uruguay fuera incluido en la denominada “lista negra” de la OIT, pero no prosperó y ahora se reactiva el debate.
La Cámara de Diputados discutirá mañana, martes, los cambios a la ley de negociación colectiva, que ha generado debate entre el gobierno, el Frente Amplio, el Pit-Cnt y cámaras empresariales. La central sindical había adelantado que buscarían "ocupar las barras" y movilizarse durante la consideración en el Parlamento.
El coordinador de la bancada de Diputados del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, apuntó en las últimas horas que al oponerse a la redacción, en el Frente Amplio está primando el "interés político-partidario o el vínculo" que tiene con el Pit-Cnt, así como está "relegando a que la imagen de Uruguay quede por el piso y manchada, cuando el país tiene un rica historia en lo referente a derechos laborales”.
Esta reforma a la ley de la negociación colectiva (2008) había sido impulsada por el Frente Amplio luego de que en 2019 Uruguay fuera incluido en la denominada “lista negra” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conformada por los países que no respetan convenios y libertades laborales. Finalmente, esa iniciativa, también resistida por el Pit-Cnt, no prosperó y ahora la administración busca levantar las observaciones realizadas por la OIT. El proyecto es "muy similar" al que presentó el Frente Amplio, puntualizó Jisdonian.
Si bien el gobierno incorporó casi todos los cuestionamientos de la OIT, no incluyó el que refiere a la participación del Estado en la negociación salarial. Este aspecto provocó el rechazo de los empresarios, quienes reclaman incluir el convenio 98 de la OIT ratificado por Uruguay, que establece que la competencia de los Consejos de Salarios debe limitarse a la fijación de los salarios mínimos por categoría laboral.
El gobierno ha afirmado que con este proyecto el país queda alineado a la normativa internacional, mientras que desde el Pit-Cnt señalan que los cambios implican un “enorme retroceso” en las conquistas de los trabajadores, había informado El País el 24 de setiembre.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, había participado por esa fecha de un conversatorio organizado por la Universidad Católica, en donde defendió el proyecto de ley y dijo que “está claramente alineado con las observaciones que la OIT planteó”. Incluso planteó que el gobierno busca "respetar” las regulaciones a nivel internacional, para “no pasar vergüenza” como ocurrió en el año 2019.
El ministro dijo al movimiento sindical y a las cámaras empresariales -quienes cuestionan el proyecto de ley- que así como ellos “han recurrido” a la OIT para que “el gobierno respete” las regulaciones a nivel internacional, ahora el gobierno está “haciendo eso”, para “no pasar vergüenza” como ocurrió en el año 2019.
“Nos manifestamos totalmente en contra del planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo para hacer cambios en la negociación colectiva. Probablemente el Pit-Cnt convoque a ocupar las barras (del Parlamento) y buscaremos algún tipo de movilización para manifestar nuestro desacuerdo”, había adelantado a El País Fernando Ferreira, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, el 19 de setiembre.