Cabildo Abierto intenta que no fracase su intención de hacer el plebiscito “Por una deuda justa”. Después de que no alcanzara el mínimo necesario de firmas válidas para habilitar la consulta popular, la Corte Electoral les permitió hacer un proceso de ratificación, en el que las personas deberán concurrir a ciertos puntos del país para convalidar su adhesión. Ahora el partido define cómo enfrentará el gran desafío de movilizar a la gente con recursos diezmados tras la campaña electoral y luego de una votación mucho más baja de la que preveían, consiguiendo tan solo dos diputados.
La Corte Electoral ya aprobó el reglamento para la ratificación de firmas, el que será enviado a los promotores de la iniciativa. Aunque no incluye cómo será toda la parte logística, la que se va a instrumentar en el correr de esta semana y la próxima, ya establece ciertos parámetros de cómo será el procedimiento, indicó a El País el presidente del organismo, Wilfredo Penco.
El presidente interino de Cabildo Abierto, Ignacio Curbelo, indicó a El País que su partido va a “agotar todos los esfuerzos” a su “alcance para darle la máxima difusión” a la instancia de ratificación que les habilitó la Corte Electoral.
En tanto, ante la consulta sobre los recursos que se precisan para una campaña masiva, Curbelo respondió: “Es sumamente complejo para nosotros y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a esa difusión paga. Las campañas siempre cuestan dinero. Las redes sociales ayudan bastante a difundir las noticias, por lo que ahí estará nuestro fuerte”.
Para afinar la campaña que se hará, Cabildo Abierto —indicó Curbelo— va a esperar a que la Corte Electoral les envíe el reglamento que aprobó para el proceso de ratificación de firmas. Cuando tengan esa información, verán cuáles son los recursos que tienen y, en base a eso, van a diseñar un plan de comunicación. Saben que el “gran desafío”, más allá de hacerle llegar a la gente que está esta instancia de ratificación, es que “efectivamente vayan” a los puntos que se definan para confirmar su adhesión, añadió el cabildante.
Curbelo, además, señaló que hacer el plebiscitoes “muy importante” para Cabildo Abierto, pero también para Uruguay. A su vez, dijo que están “convencidos” de que la mayoría de las firmas en las papeletas que no coinciden con la credencial es porque pasaron “muchos años” entre el momento en que el adherente sacó la credencial y el día en que adhirió al plebiscito.
Paso a paso.
Penco, presidente de la Corte Electoral, explicó a El País que lo primero que se hará será confeccionar nómina con las personas que serán convocadas para ratificar su adhesión a realizar el plebiscito.
Esa nómina —ordenada por serie y número de credencial, y por departamento— se va a publicar en el diario oficial y en la página web de la Corte Electoral.
Para poder realizar el plebiscito, Cabildo Abierto precisa 272.288 voluntades, que es el 10% del padrón electoral. El partido ingresó 320.758 firmas, pero la Corte Electoral rechazó 75.624, de las cuales 45.610 fueron descartadas por no coincidir la rubrica con la de la credencial. Es decir, que el partido tiene 245.134 firmas validadas, y precisa que se le reconozcan 27.154 más para que se haga la convocatoria.
El proceso de ratificación de firmas será ordenado: se establecerán los lugares, días y horas en los que las personas deben comparecer, si es que así lo desean.
Penco explicó que habrá dos jornadas: la primera será el domingo 23 de marzo de 8:00 a 19:30 con varios locales y mesas, y la segunda el lunes 24 de 10:00 a 18:00 en las oficinas electorales departamentales.
Una de los aspectos que ya se definió es que cada mesa —las que integrarán funcionarios electorales— estará preparada para recibir unos 1.000 eventuales comparecientes. Dónde serán los puntos de convocatoria y cuántas mesas tendrá cada uno es una de las tareas pendientes que se resolverá en coordinación con las 19 oficinas electorales, una en cada departamento.
¿Cómo será el procedimiento? El compareciente —explicó Penco— tendrá que concurrir con su credencial, y en la mesa se va a corroborar que su nombre, serie y número están en la nómina. De corresponder una ratificación, él y los funcionarios actuantes tendrán que firmar un acta.
Las actas serán colocadas dentro de una urna y se trasladarán a la oficina electoral para el debido resguardo, indicó Penco.
El proceso de ratificación es la última instancia en la Corte Electoral para que sobreviva la iniciativa.
El objetivo es modificar el artículo 52 de la Constitución, que hoy prohíbe la usura. La idea es incluir que la tasa de interés máxima que se pueda cobrar sea fijada a través del Parlamento con una ley con mayorías especiales.
También se establece que, hasta que no se vote esa nueva ley -de aprobarse el plebiscito-, la tasa de interés máximo se fijará en 30% en UI.
Por otra parte, proponen que todas las “deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023” sean “canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a UI al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario”, con ciertas condiciones como una tasa anual de 4%.
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