Hace pocos días el gobierno celebraba el primer aniversario del referéndum que, por una mayoría ajustada, ratificó la vigencia plena de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Entre los 135 artículos que intentaron ser derogados había tres que, al igual que el resto, fueron confirmados y que este jueves en parte dieron sustento legal a la intervención en el liceo IAVApara desactivar la ocupación que llevaban a cabo docentes y estudiantes de ese centro.

Con base en esos artículos, desde julio de 2020 y hasta esta jornada se llevan desactivadas 82 ocupaciones de trabajo y 18 piquetes. El 87% del total en el sector público. Y en cuatro de cada diez casos, en locales de enseñanza secundaria. Así lo indican los datos de un relevamiento efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al que accedió El País.

La primera ocupación desactivada en aplicación de esta normativa fue el 2 de setiembre de 2020 en el local central de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). La medida había sido dispuesta por el sindicato de funcionarios de ese organismo ante el "recorte de cursos". Ese local volvió a ser ocupado -y desocupado- el 20 octubre. En el resto del ese año fue el turno de los Liceos 17 y 25 de Montevideo, junto a otros centros de enseñanza media en Solymar, Rocha y Rosario. También el local de la Reguladora de Secundaria y el Instituto de Perfeccionamiento Docente (CFE).

A lo largo de 2021 fueron desactivadas 14 ocupaciones. Todo comenzó en julio, ante medidas aplicadas en varias dependencias de OSE, como la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, oficinas y áreas operativas de Montevideo y Canelones. En agosto le llegó el turno al local central de Ancap y a la planta Capurro de Alcoholes del Uruguay (Alur). En setiembre volvieron a las ocupaciones a la UTU, esta vez en la Escuela Técnica del Cerro y la Escuela Santa Catalina.

El 23 de setiembre de 2021 tuvo lugar la primera desocupación en el ámbito privado. Fue en Acodike, una empresa que luego se iría acostumbrando a este tipo de procedimientos. En esa ocasión fue a raíz del despido de un empleado por "notoria mala conducta", según la firma. El 28 de ese mes se procedió a desocupar el Establecimiento La Constancia, de Pando. En el resto de ese año el periplo continuó en el sector público: seis liceos de Maldonado, nuevamente el local central de UTU y otros dos liceos en Montevideo.

El año pasado el mecanismo debió activarse en 58 ocasiones. Comenzó el 31 de enero en el Instituto Tecnológico Superior, y en febrero con una estación de servicio de Ancap en Salto. El proceso se acentuó a mitad de año. En julio la Escuela Técnica del Cerro fue ocupada en dos ocasiones, además del liceo 69 de Montevideo.

Agosto fue un mes intenso. Hubo una ocupación en el Citibank y otra en la tabacalera Maregroup, pero volvió a notarse especialmente en el sector educativo público. Fueron siete liceos en Montevideo, el CERP de Rivera, el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, el Consejo de Formación en Educación y, nuevamente, el local central de UTU y la Escuela técnica de Santa Catalina.

Ese centro volvería a ser ocupado en setiembre en otras dos oportunidades, junto a otros cuatro liceos en Montevideo y en Canelones junto al Centro de Profesorado del Suroeste, en Colonia y el Instituto de Formación en Educación Social (Ifes). En el sector privado, hubo que desactivar la ocupación de Banque Heritage.

El 6 de octubre hubo 17 ocupaciones simultáneas en otros tantos liceos de Montevideo, y otras dos el día 11. Ese mes también fue el turno -por tres veces- del Consejo de Formación en Educación, de la Escuela Técnica de Solymar Norte, de la UTU de La Boyada y de cuatro liceos en la capital, Rocha, Médanos de Solymar y Rincón de la Bolsa.

En tanto y, hasta este jueves, se llevaban computadas cinco desocupaciones de lugares de trabajo. La primera en el Liceo 41 de Montevideo y el resto, desde el 23 de marzo, en locales de Acodike.

En lo que respecta a los piquetes, en aplicación de la LUC hubo 18 intervenciones. Los primeros cuatro ocurrieron en 2021 y fueron en Indulacsa, Acodike -dos veces- y el Frigorífico Canelones. En 2022, se tuvo que intervenir en siete piquetes ocurridos en distintas secciones de Riogas, junto a uno en la planta de Ancap en La Tablada y otro en la empresa de autoelevadores Ramírez.

En lo que va de este año las autoridades tuvieron que desbloquear el acceso al Puerto de Montevideo a partir de un piquete desarrollado por afiliados al sindicato de transporte de carga (Sutcra) y otro en la Zona Franca de Nueva Palmira.

Todas estas resoluciones fueron tomadas en aplicación del artículo 392 de la LUC, que consagra la "libertad de trabajo" al garantizar el "ejercicio pacífico del derecho de huelga, el de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos" y "el de la dirección de las empresas a ingresar libremente en las instalaciones".

Este artículo está relacionado con otros dos que también habían sido impugnados: el 468, que declaraba "ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público", y el 469, que habilitó al Ministerio del Interior a disponer de las "medidas pertinentes" para garantizar la libre circulación y el orden público.

En su momento el Poder Ejecutivo señaló que estos artículos de la LUC llegaban a corregir una situación de "inequidad" que se arrastraba desde los gobiernos del Frente Amplio, cuando en mayo de 2006 a través de un decreto de Tabaré Vázquez la ocupación de los ámbitos de trabajo privados pasaron a considerarse una extensión del derecho de huelga. En diciembre de 2010 otro decreto, firmado esta vez por José Mujica, establecía el desalojo inmediato de las oficinas públicas que fueran ocupadas.

En mayo de 2006, a través de un decreto, la ocupación de los ámbitos de trabajo privados pasaron a considerarse una extensión del derecho de huelga. En diciembre de 2010, otro decreto establecía el desalojo inmediato de las oficinas públicas ocupadas. En ellos estuvo el origen de una situación “inequitativa” que el actual gobierno, una década después, corrigió a través de la ley de urgente consideración (LUC).