Redacción El País
Las idas y vueltas en torno a la instalación de una planta recicladora de escombros y residuos de obras llegaron a un punto límite para su dueño, Daniel Brenes. Los trámites los inició en febrero de 2022 y, si bien tiene el permiso ambiental del gobierno nacional para avanzar con las obras, denuncia que por disposición de la Intendencia de Montevideo (IMM) todavía no pudo hacerlo.

“Si mañana no me reciben, me encadeno a la intendencia. Solo actúan si tomás una medida de fuerza”, aseguró Brenes a El País, ayer, horas después de la movilización de camioneros afuera de la usina Felipe Cardoso, que derivó en una conversación entre las partes y el anuncio de medidas.

El predio previsto para el emprendimiento tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados y uno de sus márgenes da a la Ruta 1. Allí funcionarían dos plantas: la más grande, de reciclaje de escombros; y la más pequeña, para tratar plásticos y otro tipo de residuos.

Según los emprendedores, con esta actividad se podría reducir el volumen de escombros, reutilizándolos como relleno en basamentos o en construcciones. Como consecuencia, también bajaría la cantidad vertida en la usina Felipe Cardoso y otros predios privados.

Brenes y sus socios recordaron que actualmente los residuos de obra representan 30% del total generado en Montevideo. Además, por ley son consideradas de interés general la reducción, la reutilización y el reciclaje como alternativas a la disposición de la basura.

Por lo tanto, se pusieron manos a la obra para cumplir con una serie de trámites y de esta forma ofrecer, desde el sector privado, una “alternativa de clasificación y transformación de estos residuos, garantizando su trazabilidad, tratamiento adecuado y valorización en una lógica circular”.

Brenes mostró los documentos probando que, finalmente, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) le otorgó al proyecto la validación ambiental el 31 de julio.

La empresa publicó el manifiesto en distintos medios, dando a conocer la iniciativa, y no hubo objeciones de la ciudadanía en el plazo reglamentario de 10 días. Por lo tanto, para dar cumplimiento a los requisitos de la cartera, se preveía avanzar cuanto antes con las obras solicitadas, como la instalación de una barrera visual y auditiva.

Fue entonces que entró en juego la IMM. Según Brenes, un acta labrada por el Servicio de Convivencia Departamental el 3 de agosto les impidió avanzar con el proyecto. En el documento, al que accedió El País, la comuna intimó al “cese inmediato” de actividades de acopio de residuos de obras en tanto la empresa no presentara las habilitaciones de la IMM y la Dinacea para hacerlo.

El propietario de la planta abrió un expediente solicitando que se dejara sin efecto la decisión del cuerpo inspectivo, que implica la posibilidad de que apliquen multas a los camioneros que ingresan al predio.

Adicionalmente, Brenes recurrió a la Justicia. El lunes pasado presentó una acción de amparo contra la IMM, para poder avanzar con la obra.

“El recurso es porque tenemos el mandato de Dinacea de que abramos, pero en las condiciones planteadas. No puedo hacerlo si, por una amenaza de la IMM, a cualquier camión que entre lo van a multar con 500 unidades reajustables. Tengo un permiso nacional con el que no estoy pudiendo cumplir porque el gobierno departamental no me lo permite”, apuntó el dueño de la planta.

El País contactó a la IMM para contraponer su visión con la de los denunciantes, pero no obtuvo respuesta. En tanto, el director nacional de Medio Ambiente, Eduardo Andrés, dijo que no estaba al tanto del caso.

En un informe técnico del Ministerio de Ambiente, presentado el 7 de julio, consta que la empresa podría recibir una multa de 150 unidades reajustables por haber ejecutado obras sin contar con la autorización ambiental requerida.

La empresa ya hizo sus descargos, donde señaló que el padrón se encontraba “en estado de abandono, con restos de basura, construcciones semiderruidas y vegetación exótica invasora”, por lo que fue necesario avanzar con una retroexcavadora para allanar el predio. De todos modos, Brenes destacó que la potencial sanción económica no interfiere con la validación ambiental ya otorgada.

La movilización de los camioneros en Felipe Cardoso, reportada por Canal 10, fue por reclamos laborales. Entre otros asuntos, denunciaron la falta de predios para descargar y multas mal aplicadas.

Sin embargo, la comuna había anunciado a comienzos de año que incrementaría la fiscalización del transporte de residuos de obras civiles, amparada por el Digesto Municipal. En marzo estableció un período especial para que los camioneros regularizaran su situación.

Ayer de tarde, tras la movilización en el vertedero, la comuna reafirmó el rumbo: “Las empresas y vehículos que trasladen dichos residuos deberán contar con las habilitaciones correspondientes y tener un destino adecuado para las cargas, minimizando así las afectaciones al ambiente, como el vertido irregular de residuos de obras civiles en cursos de agua, humedales y el entorno”.

No obstante, a pedido de los transportistas, la IMM extendió hasta el 31 de octubre el plazo para que accedan a la habilitación temporal. En una primera instancia solo se extendería hasta el 31 de mayo.

Asimismo, la comuna anunció otras medidas complementarias. Por ejemplo, hasta el 31 de enero se mantendrá en Felipe Cardoso la exoneración temporal de la tarifa de residuos de obras civiles.