PARLAMENTO

En una carta de ocho carillas dirigida al canciller Ernesto Talvi, por intermedio del embajador de Uruguay en Estados Unidos, tres relatores especiales de Naciones Unidas manifestaron su “preocupación” por algunos contenidos del proyecto de ley de urgente consideración (LUC).

“Nos preocupan las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y aquellas que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica”, expresan los firmantes de la misiva. Y advierten: “De ser aprobadas, estas disposiciones serían incompatibles con las obligaciones” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1970.

Las relatorías internacionales no son una sentencia judicial. Pero, “en la medida que los Estados forman parte del sistema de Naciones Unidas están obligados a cumplir los acuerdos de buena fe”, explica Pablo Donnángelo, máster en Derecho Internacional.

Dicho de otro modo: si un relator de Naciones Unidas hace una recomendación ante lo que entiende una regresión en derechos humanos, “el Estado debe tomar debida nota del informe porque, por lógica jurídica, en la concesión de derechos humanos no hay que dar marcha atrás”.

En términos prácticos, el tirón de orejas que realizaron los analistas Clement Nyaletsossi (libertad de reunión pacífica), Agnes Callamard (ejecuciones extrajudiciales) y David Kaye (libertad de expresión) podría repercutir en la examinación a la que Uruguay se somete cada cuatro años y medio.

“De concretarse (el proyecto de ley tal cual está redactado hoy), Uruguay podría volver a ser criticado internacionalmente en áreas donde en los últimos años ha recibido elogios -por ejemplo- por haber reducido de manera contundente el porcentaje de personas en prisión preventiva”, cuenta a El País Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las categorías de información reservada, el hermetismo de Inteligencia y la ilegitimidad de los piquetes son algunas de las advertencias por las que ONU pidió al gobierno que retire esos artículos.

Según las distintas encuestas de opinión pública, los uruguayos empezaron a percibir a la inseguridad, desde 2010, como el principal problema del país. Varios de los enunciados de la LUC van en este sentido. Pero Jarab advierte: “El problema de las políticas punitivas es que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos: no solo pueden resultar en violaciones de derechos humanos, sino también son contraproducentes desde la perspectiva de seguridad. Encarcelar más personas no trae más seguridad, sino sobrepoblación de las cárceles, con condiciones cada vez más precarias o hasta inhumanas, lo que dificulta la rehabilitación e incrementa la reincidencia. El uso excesivo de la prisión preventiva empeora la calidad de investigación, por ejemplo”.

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Jarab dice que “en el imaginario de muchos países latinoamericanos persiste la percepción errónea de que para tener seguridad hay que reducir garantías de derechos humanos, permitir más uso de la fuerza y encarcelar más gente”.

El legislador blanco Alejo Umpiérrez dijo en Radio Uruguay que las preocupaciones de Naciones Unidas “responden a tendencias ideológicas”.

“Lamentablemente, en Uruguay todavía gran parte del sistema político prima la antiquísima tesis de que los trapos se lavan dentro de casa y que las críticas de Naciones Unidas son una intromisión”, dice el especialista Donnángelo. Y dice: “Más allá de algunas caricaturas, tipo Trump o Bolsonaro, que critican el sistema de Naciones Unidas, en el mundo prima cada vez más la importancia de la cooperación y de escuchar estas advertencias”.