Comisión Investigadora de horas sindicales de Fenapes evalúa este lunes los descargos

POLÉMICA

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias sindicales en Secundaria se reunirá hoy para analizar los descargos presentados por los involucrados.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) apuntó a la ilegalidad de la comisión y a su imposibilidad de defensa. Mientras que la expresidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, denunció que fue sometida “al escarnio público” y a la “difamación”, y el consejero Javier Landoni pidió a la cámara archivar las actuaciones por suponer “una enorme pérdida de tiempo y de recursos”.

El presidente de la comisión, el diputado nacionalista Alfonso Lereté, convocó a la reunión para “efectuar una valoración” de dichos descargos, según él mismo explicó a El País.

Tras analizar la defensa de cada uno de los involucrados el próximo 6 de junio se resolverán los pasos a seguir.

La cúpula de Fenapes basó su defensa en la ilegalidad que supone el trabajo realizado por el Parlamento respecto a las licencias irregulares, al afirmar que se investiga a una “persona del derecho privado”. El presidente del gremio José Olivera y los sindicalistas Marcel Slamovitz, Ana Pescetto, Alejandra Vespa, Virginia García Montecoral y Graciela Almeida firman el escrito donde aseguran que “nunca debió constituirse” la investigadora en Diputados.

Con respecto a las acusaciones de posibles delitos como estafa, fraude, falsificación, abuso innominado de funciones y encubrimiento, se entiende que la comisión “afecta flagrantemente el derecho de defensa”. Además, se sostiene que “la ausencia de una imputación precisa” hace imposible articular una defensa.

No solo Fenapes presentó sus descargos ante la comisión, también lo hizo Puente. Allí sostuvo que la conferencia de los diputados de la coalición, donde se la nombró junto a dirigentes de Fenapes y en una lista asociada a posibles delitos, supone “un hecho más” de los que dijo sufrió al ser sometida “al escarnio público”. Denunció una “acechanza cotidiana, difamación y prejuzgamiento” y afirmó sentirse “menoscabada” en su imagen pública. “He sido sometida a una fabulación que ha dañado mi vida personal”, advirtió. No obstante, recordó que compareció a la investigadora y declaró durante seis horas “con la intención de colaborar”. Dijo no comprender cuáles descargos debería hacer, porque según dijo son “imposibles”, al “no garantizarse el debido proceso”.

Landoni, por su parte, cuestiona la falta de garantías al no tener la investigadora un carácter reservado y afectar a los que aparecen mencionados. “No es posible defenderse adecuadamente cuando lo que se comunica es simplemente un listado de normas penales”, y pidió archivar las actuaciones.

Desde la coalición se adelantó que la intención de sus integrantes es pasar todos los antecedentes de lo actuado a la Justicia Penal para que ésta se expida al respecto.